La situación que involucra a los denominados “peregrinos” de El Seibo es de antología y tiene casi cincuenta años, si consideramos que sus inicios se remontan a un decreto de marzo de 1975, cuando Balaguer declaró de utilidad pública e interés social la adquisición de 24 parcelas, expropiación que el Estado nunca pagó, por lo que el propietario dispuso de sus inmuebles y los traspasó a terceros.
La historia es bastante larga y todavía no hay un desenlace para los campesinos que ocuparon esos terrenos amparados en dicho decreto, así como otros trece inmuebles distintos, de los que posteriormente fueron desalojados.
Lo que resulta incomprensible es que desde el gobierno anterior continúen prometiéndoles solución y generándoles expectativas, si se determinó que las tierras que reclaman tienen dueño, además de tratarse de una litis que debió circunscribirse a lo judicial y a lo privado.
El gobierno de Danilo Medina se involucró e investigó, Luis Abinader también, y les aseguraron que les darían una salida, por lo que asombra que la semana pasada, luego de marchar hacia el Palacio Nacional, los devolvieran a sus casas con nuevas promesas.
Su reciente fallido reclamo es uno de los tantos de los últimos años, y las repetidas ilusiones que les crean son típicas de cuando las autoridades le dan vueltas a una situación sin voluntad ni ánimo de resolver nada, pero pretenden aparentar lo contrario.
Si se determinó desde un principio que los terrenos no eran del Estado, los gobiernos anterior y presente, conocedores al dedillo de esos reclamos, debieron explorar una salida real.
Incluso, se llegó a decir que fue realizado un censo social para identificar y validar la cantidad de ocupantes desalojados, lo que facilitaría buscar otros terrenos estatales, aptos para esos agricultores.
En la gestión anterior el caso fue politizado y se utilizó contra el Gobierno, y se pensó que con el actual habría mejor ambiente para afrontarlo, pero no son buenos los augurios si se recuerda que a finales de 2020 a los campesinos los recibieron en Palacio y a casi cuatro años no se ha resuelto nada.
Tal vez la reciente marcha haya creado las condiciones para una respuesta definitiva a esas familias, para lo que bastaría buscar tierras donde puedan asentarse y terminar con un reclamo imposible de solucionar solo con promesas.
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