Si algo bueno se desprende del lobismo ejercido por Connie Mack y la misiva de Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, al secretario de Estado Anthony Blinken, es que ha reinstalado, ahora con bastante fuerza, el tema del uso excesivo de la prisión preventiva.
Pero ojo, porque podría degenerar de nuevo en una discusión infructuosa si solamente relativizáramos algunas cifras (que hay muchos o pocos presos, por ejemplo) o el número de estadounidenses en cárceles del país, y no nos detenemos en la distorsión central: que la prisión preventiva es una figura que debiera ser excepcional.
Preocupante es que eso se haya potenciado entre las medidas de coerción personales que numera el artículo 226 del Código Procesal Penal, por lo que coincidimos con el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, cuando recientemente afirmó que se ha acrecentado en los últimos años: “Hay que buscar mecanismos que sean eficientes para vencer esas dificultades”.
Es un enfoque objetivo de Ray Guevara, porque no se trata de pasarle uno al otro la bola o rasgarse las vestiduras con una medida cautelar solo aplicable en circunstancias excepcionales, con lo que se estaría abriendo la posibilidad de lacerar la presunción de inocencia o que parezca una condena anticipada, y más deplorable sería utilizarla para presionar, obtener confesiones o delaciones en los procesos.
En debates anteriores acerca del tema hemos hecho causa común con planteamientos del Defensor del Pueblo y de la Defensoría Pública en el sentido de que ha sido desvirtuada por su uso exagerado, y con Finjus en que decisiones jurisdiccionales ven en la prisión preventiva un método para asegurar el seguimiento del proceso.
Incluso, por momentos se pierde de vista que estamos ante una cuestión de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y en el fortalecimiento de las instituciones que interactúan, como la Policía y la Procuraduría, esta última a cargo el sistema penitenciario.
Descongestionar las cárceles, “inundadas” de presos preventivos, debiera ser el primer paso para humanizarlas, y para que el sistema cumpla su misión de impartir justicia en condiciones dignas.
Es algo manoseado, pero abordar con seriedad la prisión preventiva nos encamina a salvar asuntos que tienen que ver con la libertad personal y la vulneración de derechos humanos y constitucionales.
fuenteelcaribe.com
