BOGOTA.- La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, advirtió en Quibdó, una de las ciudades estremecidas por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, que la falta de un censo impide establecer el número real de damnificados y dificulta la atención de miles de familias.
Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades.
«Es urgente tomar los censos porque no hay realmente una estimación de cuántas son las personas afectadas, cuántas personas no tienen en este momento dónde dormir», manifestó la defensora.
Las autoridades de Quibdó han confirmado nueve personas muertas en la ciudad como consecuencia del sismo y en el departamento son 13 los fallecidos, mientras avanzan en la evaluación de los daños y en el registro de las familias afectadas.
La cifra de muertos a nivel nacional por el terremoto ascendió este miércoles a 265 y la de heridos a 3,494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien declaró la «emergencia económica» para afrontar la crisis provocada por el sismo.
Sin embargo, la defensora reconoció que existe una disparidad entre las cifras manejadas por el Gobierno nacional y las informadas desde las regiones, una diferencia que, a su juicio, solo podrá resolverse con un censo.
El sismo tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, precisamente en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.
Preocupaciones por respuesta sanitaria
Para Marín, una de las principales preocupaciones está en la capacidad de respuesta del sistema sanitario porque en Quibdó, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Asís, el principal de la ciudad, tiene una sobreocupación del 160 %.
Aunque cuenta con una planta eléctrica, el hospital necesita garantizar una conectividad estable para evitar problemas en la prestación del servicio, además de acceso continuo a internet.
En cuanto a los damnificados que han quedado sin vivienda, la defensora explicó que fue habilitado como albergue un coliseo de la ciudad, pero consideró que sus condiciones todavía son precarias para atender a todas las familias.
La funcionaria también llamó la atención sobre la suspensión de las clases y las afectaciones registradas en la Universidad Tecnológica del Chocó, el principal claustro de educación superior del departamento, además de pedir que se habiliten mecanismos de atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes afectados por el terremoto.
La Defensoría también pidió verificar la situación de 32 asentamientos indígenas y de comunidades de otros municipios del Chocó sobre los que todavía no existe información suficiente.
