Mao. – Un nuevo capítulo se suma al escándalo por la falsificación de actas de defunción en Valverde, con el apresamiento de cuatro médicas pasantes, luego de acudir a una citación de la Fiscalía de Mao.
Las profesionales de la salud fueron notificadas mediante una orden de arresto que las vincula al proceso en que ya guarda prisión preventiva Máximo Mendoza, quien es señalado como presunto cabecilla de la red por parte del Ministerio Público de Valverde.
Las doctoras, quienes realizaban su pasantía de un año en un centro de salud de la provincia, fueron trasladadas bajo custodia policial, lo que generó de inmediato reacciones de rechazo en el sector médico.
El presidente del Colegio Médico Dominicano filial Valverde, Juan Carlos Santos, calificó la medida como “un atropello a jóvenes profesionales que no tienen capacidad legal para emitir actas de defunción”.
“Son médicas pasantes, su rol es brindar servicios básicos a la comunidad mientras cumplen con la pasantía, no tienen facultad para firmar actas de defunción, por lo que su apresamiento es arbitrario e ilegal, exigimos respeto a sus derechos y que se siga el debido proceso”, declaró.
Santos adelantó que solicitarán el respaldo del presidente nacional del gremio, Waldo Ariel Suero, y que realizarán “acciones contundentes” en defensa de las cuatro detenidas.
Los representantes legales de las médicas también se pronunciaron. Uno de ellos señaló que “es una desconsideración de la fiscalía someter a jóvenes profesionales sin pruebas que las vinculen directamente al hecho, y hacerlo con un aparataje policial que solo busca exhibir fuerza, esperamos que el juez evalúe con objetividad y entienda que ellas no tienen responsabilidad en este proceso”, agregó.
El caso: prisión preventiva para el supuesto cabecilla
La medida contra las pasantes ocurre mientras el principal imputado, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, tras ser señalado como cabecilla en el irregular proceso mediante el cual se declaró muertas a seis personas que en realidad estaban vivas.
El Ministerio Público había solicitado 12 meses de coerción y logró además que el caso fuera declarado complejo, lo que amplía los plazos de investigación, según la Fiscalía, “podrían existir más víctimas y otros implicados”, incluyendo médicos, oficiales del estado civil y funcionarios públicos.
La revelación de que se gestionaron actas de defunción falsas para personas vivas ha causado alarma social y un fuerte debate sobre la responsabilidad institucional.
Los abogados de las víctimas advierten que la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública deberán responder por haber permitido las irregularidades en registros oficiales.
Mientras tanto, la Fiscalía de Valverde asegura que continuará con la individualización de responsabilidades y la citación de nuevos imputados.
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