Sorprende el lenguaje agresivo y “belicista” desde el anuncio de que en pocas semanas se iniciaría el despliegue de policías kenianos en Haití. Hasta el presidente de Kenia, Willian Ruto, sonó bravucón y desafiante en Washington al decir que acabaría, con firmeza y decisión, con las bandas.
Se está empleando indebidamente el término “invasión” y hay hasta títulos risibles de agencias de prensa internacionales como que las bandas han entrado en pánico.
Comete un error quien suponga que el envío de un puñado de policías pacificaría Haití, algo que ni millares de bien entrenados cascos azules de la ONU pudieron lograr, porque ninguna medida o acción externa prosperará si la respuesta a la crisis no proviene de los propios haitianos.
Las expectativas deben apuntar a que con la designación del Consejo de Transición se abra la puerta a un proceso que desemboque en elecciones legítimas, que deje en manos de ese sufrido pueblo decidir su destino y que la comunidad internacional se limite solo al acompañamiento.
Precisamente la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU está inspirada en que no habrá una fuerza de paz o de interposición, sino de apoyo y a las órdenes de la Policía haitiana, y que se autorizaría “el uso de la fuerza cuando se hayan agotado todas las medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales”.
La escogencia de siete miembros del Consejo Presidencial de Transición es apenas un primer y tambaleante paso, y a lo menos que se puede aspirar es a que se le otorgue independencia y se respete su autoridad.
Inclusive, en el seno de la sociedad haitiana no existe consenso acerca de la entrada de una fuerza de “pacificación”, por lo que hay que insistir en que los propios haitianos sean los protagonistas del camino a recorrer, que cada vez parece más tortuoso.
La dependencia del tutelaje y de intereses externos no es, necesariamente, lo más conveniente. Además no se debe cejar en la vigilancia para que la pasiva, esquiva e irresponsable comunidad internacional cumpla con lo que se comprometió con la resolución de la ONU, y también que fluyan sin más retrasos los recursos económicos y materiales acordados en marzo pasado por Estados Unidos y países de la Caricom.
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