El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes la solicitud de la defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez para declarar la extinción de la acción penal en el caso Medusa, uno de los expedientes de corrupción administrativa más voluminosos conocidos por los tribunales dominicanos.
La decisión ordena al Ministerio Público iniciar la lectura de la acusación contra Rodríguez y los demás imputados, quienes son procesados por un presunto entramado de corrupción que, según la acusación, habría provocado un desfalco superior a los RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
El fallo no implica una decisión sobre culpabilidad o inocencia. La resolución del tribunal solo determina que el proceso penal no se extingue en esta etapa y que el juicio de fondo debe continuar.
Qué pedía Jean Alain Rodríguez
La defensa del exprocurador, encabezada por el abogado Carlos Balcácer, había solicitado la extinción de la acción penal con el argumento de que el proceso judicial habría excedido el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal.
La defensa sostuvo que el expediente lleva más de cinco años en los tribunales desde las primeras medidas de coerción dictadas en julio de 2021.
El Ministerio Público pidió rechazar el pedimento y alegó que los retrasos no podían ser atribuidos exclusivamente al órgano acusador, sino a incidentes, recursos y acciones procesales presentadas por las defensas durante el desarrollo del caso.
Tribunal ordena lectura de acusación
Tras rechazar la extinción, el tribunal dispuso que el Ministerio Público comience la lectura de la acusación.
Ese paso es relevante porque permite avanzar hacia el conocimiento del fondo del expediente, luego de una etapa marcada por incidentes procesales y debates sobre la duración del proceso.
El juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez está bajo conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Reportes previos indican que el exprocurador fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio de 2024 por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, junto a otros acusados en la Operación Medusa.
Un expediente de gran volumen
El caso Medusa ha sido definido como uno de los procesos penales más complejos por corrupción administrativa en República Dominicana.
De acuerdo con informaciones oficiales citadas en reportes previos, la acusación presentada por el Ministerio Público consta de 12,274 páginas y más de 3,500 elementos de prueba.
Ese volumen ha sido parte del debate judicial, porque las defensas han planteado cuestionamientos sobre los plazos del proceso, mientras el Ministerio Público ha defendido que la complejidad del expediente y las actuaciones procesales deben ser tomadas en cuenta al momento de computar la duración del caso.
Qué se le imputa al exprocurador
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa imputa a Jean Alain Rodríguez y a otros acusados delitos relacionados con un presunto entramado de corrupción durante su gestión como procurador general de la República, entre 2016 y 2020.
Entre las imputaciones figuran fraudes vinculados a procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y desfalco.
Todos los señalamientos corresponden a la acusación del Ministerio Público y deberán ser probados en juicio. Rodríguez y los demás imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
Por qué era clave la decisión
La solicitud de extinción era uno de los incidentes más importantes del proceso, porque, si el tribunal la acogía, la persecución penal contra Jean Alain Rodríguez podía quedar cerrada por vencimiento de plazo, sin que las juezas entraran a valorar las pruebas sobre el fondo.
En cambio, al rechazar el pedimento, el tribunal permite que el proceso continúe y que el Ministerio Público avance con la presentación formal de su acusación ante el colegiado.
La diferencia es esencial: una extinción penal no equivale a una absolución, porque no declara que una persona sea inocente ni analiza si los hechos ocurrieron. Es una salida procesal vinculada a las causas legales que pueden impedir la continuación de la persecución penal.
