Valverde.- Un tribunal impuso una garantía económica de RD$1 millón como medida de coerción a un ciudadano sorprendido en flagrante mientras realizaba la quema de una finca de arroz en la provincia Valverde.
El imputado fue detectado durante los operativos de inspección, vigilancia y fiscalización que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), para enfrentar las infracciones ambientales en las zonas arroceras de la provincia.
Los equipos actuantes documentaron la quema y procedieron a poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes.
El tribunal dispuso una garantía económica ascendente a RD$1,000,000 mediante una compañía aseguradora.
Fiscalización de las quemas agrícolas
La quema de paja y rastrojos de arroz se encuentra entre las prácticas que el Ministerio mantiene bajo fiscalización por sus efectos sobre el ambiente, la calidad del aire y las comunidades cercanas a las zonas productivas.
El Ministerio ha reiterado que las actividades agrícolas deben desarrollarse en cumplimiento de la normativa ambiental y que las violaciones detectadas durante los operativos de fiscalización serán documentadas y remitidas a las autoridades correspondientes cuando proceda.
La directora provincial de Medio Ambiente en Valverde, Deysi Aquino, señaló que las acciones de vigilancia continuarán desarrollándose de manera coordinada con las instituciones responsables de hacer cumplir la legislación ambiental.
“La protección del medio ambiente no puede quedarse solamente en advertencias. Cuando nuestros equipos encuentran una violación y existen elementos que la sustentan, corresponde actuar dentro del marco de la ley y poner el caso en manos de las autoridades competentes. Seguiremos trabajando para que las normas ambientales sean respetadas”, expresó Aquino.
El Ministerio continuará fortaleciendo los levantamientos, inspecciones y operativos de fiscalización en Valverde, junto al SENPA, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y las demás instituciones competentes.
Estas actuaciones forman parte del fortalecimiento del régimen de consecuencias frente a las infracciones ambientales, garantizando en cada caso el debido proceso y la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00.
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