Las medidas de seguridad para conocer la audiencia de medida de coerción a los exministros y demás implicados en el caso Calamar fueron aumentadas tras los últimos incidentes registrados con simpatizantes peledeístas.
Los abogados de los imputados fueron requisados por agentes antes de entrar al salón de audiencias donde la jueza Kenya Romero conocerá la vista.
A las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva también tienen un amplio dispositivo policial para evitar que se generen conflictos como la semana pasada cuando decenas de personas en apoyo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se aglomeraron y fueron dispersados con bombas lacrimógenas.
Los implicados en este caso, contra quienes el Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva, fueron arrestados hace más de una semana.
Entre los imputados están Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial, José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presencia.
Son acusados de pertenecer a una red que distrajo más de 19 mil millones de pesos del erario.
También fueron procesados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el abogado Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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