Santo Domingo, 8 sep (EFE).- Uno de cada cuatro adolescentes usuarios de internet en República Dominicana sufrió alguna forma de violencia sexual facilitada por la tecnología durante el último año, según un estudio de varias organizaciones internacionales y cuyos resultados se divulgaron este martes.
Uno de los principales hallazgos de la investigación es que en el 68 % de los casos el agresor era una persona conocida por el adolescente, ya fuera un familiar, amigo, conocido o pareja sentimental.
Entre las principales formas de violencia identificadas figuran la exposición a contenido sexual no deseado, las solicitudes de contenido sexual, las ofertas de dinero o regalos a cambio de imágenes, las amenazas y la difusión no consentida de contenido íntimo.
El 4 % de los adolescentes consultados señaló que alguien había utilizado inteligencia artificial para crear imágenes o vídeos sexuales falsos de ellos, una modalidad que plantea nuevos retos para la protección de menores.
WhatsApp, Facebook e Instagram estuvieron entre las plataformas más mencionadas, aunque también se registraron casos relacionados con plataformas de videojuegos.
El estudio advierte que la violencia facilitada por la tecnología puede trascender el entorno virtual y extenderse al ámbito físico, al utilizarse internet para iniciar, facilitar o prolongar situaciones de abuso.
Las experiencias recogidas durante la investigación estuvieron acompañadas, en muchos casos, de miedo, vergüenza, confusión y aislamiento.
Además, los adolescentes que habían sufrido estas formas de violencia presentaban mayores probabilidades de experimentar ansiedad, autolesionarse o tener pensamientos y comportamientos suicidas.
Uno de cada tres adolescentes afectados no contó a nadie lo ocurrido, de acuerdo con los resultados.
La investigación también señala que el riesgo se presenta tanto en zonas rurales como urbanas y que los adolescentes de 12 a 15 años enfrentan niveles similares a los de 15 a 17 años. La mitad de las víctimas son niños.
Unicef considera que estos resultados evidencian que la respuesta no puede limitarse al ámbito tecnológico o legislativo, sino que debe incluir protocolos de actuación, mecanismos de denuncia accesibles, servicios de atención y personal capacitado para responder a las víctimas, además de la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones.














