El Juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva para siete de los implicados en el entramado de corrupción administrativa y desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y ordenó arresto domiciliario contra tres de los señalados que admitieron su responsabilidad en los hechos.
La audiencia convocada para las 6:00 de la tarde comenzó con tres horas de retraso en medio de tensiones, marchas y protestas que se desarrollaban frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia.
Pasadas las 10:00 de la noche, se dio a conocer la decisión del juez: prisión preventiva, a cumplir en Najayo Hombres, contra Santiago Hazim, exdirector del Senasa, y otros seis implicados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, esta última en Najayo Mujeres.
El magistrado Sena dictó arresto domiciliario e impedimento de salida contra los empresarios Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Pineda Perdomo, quienes colaboraron con el Ministerio Público y admitieron haber pagado sobornos a Santiago Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.
Además de arresto domiciliario el juez ordenó una garantía económica de un millón de pesos para Cinty Acosta Sención y Heidi Pineda Perdomo.
A la salida de la audiencia, Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución, en declaraciones a la prensa, destacó que el juez valoró la colaboración prestada al Ministerio Público, y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y arresto domiciliario e impedimento de salida para otros tres.
“El juez ha reconocido e incluso ha calificado los hechos como crueles y muy graves; los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado como una forma de holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio público de que se trata de hechos extremadamente graves”, resaltó.
En lo adelante, informó que el Ministerio Público se apresta a dos cuestiones fundamentales. Una, hacer todo lo que esté al alcance para que todos los imputados respondan ante el banquillo de los acusados. Y en segundo lugar, abocarse a trabajar día y noche, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso.
Cuestionado por los periodistas sobre los acuerdos con algunos de los implicados, Camacho respondió que el órgano persecutor hará todo lo que está a su alcance “para que todo el mundo pague o sea, reciba una condena por los hechos que han cometido”.
Tras darse a conocer la decisión, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, informó que apelará la decisión. “La presión social no la aguanta nadie, a partir de ahora no hay más garantía en este país… Dieciocho meses de prisión para un hombre, que el juez se convirtió en perito y dijo que la enfermedad no era nada, entonces ahora yo tengo la siguiente opinión. Primero, queda en manos del Ministerio Público como garante del sistema de prisión la salud del señor Hazim”.
La manifestación fue convocada por varios movimientos y personalidades de la vida nacional entre los que se destacan Somos Pueblo, Fundación Justicia y Transparencia, Antigua Orden Dominicana, el empresario y e influencer Santiago Matías.
