Pocas veces se ha votado una legislación que contenga artículos tan nítidamente inconstitucionales como la que modifica la Ley 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Lo más grave es que haya pasado por el cedazo de ambas cámaras, cuya función elemental es garantizar la legalidad, que no han legislado para el interés general, y afectan la estabilidad y el futuro de sectores económicos de capital importancia.
Esta ley violenta la Carta Magna al obligar en su artículo 20 a las cementeras a incorporar combustibles derivados de residuos nacionales en sus hornos, sin atender cuestiones elementales, como contar con una estructura de mercado y si tal insumo existe en cantidad y calidad suficientes, a un costo razonable, lo que afecta el libre mercado con la posible aparición de monopolios.
Transgreden así los legisladores los principios de equilibrio y sostenibilidad, la libre empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución que en su numeral 1 prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado.
Tiene razón la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) cuando apela al presidente Abinader para que observe la modificación a esa ley en uso de sus atribuciones constitucionales.
Misma solicitud hacen las Mipymes, bajo el entendido de que no es equitativa y coloca cargas impositivas que atentan contra las empresas al imponer a pequeños comercios pagos de 3,000 pesos por conceptos de tratamiento de la basura, en vez de los 500 que actualmente erogan.
Observar esa reforma a la Ley 225-20 por parte del Ejecutivo, detendría una peligroso inequidad y sería el primer paso para alcanzar consenso bajo criterios técnicos, participativos y con una visión de sostenibilidad realista, que permita a todos los sectores cumplir sus responsabilidades ambientales sin comprometer su operatividad ni vulnerar derechos fundamentales.
Lamentable que con algunos aspectos de la ley de residuos sólidos, así como en los señalados por los empresarios para el Código Laboral, pareciera que los legisladores improvisan, en el supuesto de que no hayan antepuesto intereses de particulares.
Con la observación de los artículos que a la reformada ley de residuos sólidos le han sido introducido de “contrabando”, el presidente Abinader propiciaría un ambiente más calmo ajeno al febril laborantismo que asalta a las cámaras legislaturas al cierre de sus legislaturas, además de ser una decisión acertada que pone de primero la defensa del interés nacional.
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