SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana advirtió que la decisión judicial que favoreció a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, imputados en el caso Calamar, evidencia que la lucha contra la corrupción aún enfrenta desafíos en el país.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, favoreció a Castillo y Peralta, junto a otros tres implicados, con un no ha lugar.
Leidy Blanco, miembro del consejo y ex coordinadora nacional de PC, consideró que ahora corresponde determinar si las «debilidades» del proceso se encuentran en los expedientes presentados por el Ministerio Público o en los criterios asumidos por los tribunales.
RESPALDO ENVIO A JUICIO DE FONDO DE 35 EXFUNCIONARIOS
Asimismo, respaldó el trabajo de la Procuraduría y destacó como un avance el envío a juicio de fondo de 35 exfuncionarios y empresarios vinculados al referido caso.
«La decisión de no ha lugar emitida a favor de algunos acusados demuestra que todavía existen retos importantes en el sistema de justicia para garantizar sanciones efectivas en los casos de corrupción administrativa», manifestó.
Blanco señaló que el Ministerio Público tiene derecho a apelar el fallo y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante al desarrollo del proceso judicial.
Consideró que el juicio de fondo será determinante para medir los avances del país en la lucha contra la impunidad.
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