Caracas.– La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, rechazó este sábado la recompensa de 50 millones de dólaresofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, al considerar que esta medida busca «alentar a los grupos extremistas» y reactivar escenarios de violencia en el país.
«Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro Gobierno y pueblo», afirmó la AN en un comunicado leído por su presidente, Jorge Rodríguez.
El pronunciamiento responde a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien el jueves anunció la recompensa y acusó a Maduro de usar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles»para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense.
Parlamento acusa injerencia y respalda a Maduro
En el documento, el Parlamento calificó estas declaraciones como «a todas luces ilegales», y las interpretó como un nuevo intento del «imperialismo estadounidense» de aplicar «viejas fórmulas de injerencia grosera» con el objetivo de desestabilizar la paz y obstaculizar la consolidación de la prosperidad nacional.
La AN expresó su respaldo total a Maduro, a quien definió como «garante de la paz» y «protector de la sólida democracia», así como un líder que «conduce con mano firme el Estado de derecho».
«Con la unidad cívico-militar-policial defenderemos nuestra independencia y el camino hacia el país próspero, justo y equitativo que legaremos a las próximas generaciones», concluyó Rodríguez.
Gobierno y oposición reaccionan con posturas enfrentadas
El viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también se refirió a la recompensa, acusando a Pam Bondi de estar «secuestrada» por el Partido Republicano y actuar bajo órdenes del expresidente Donald Trump. Asimismo, criticó que la cifra ofrecida duplicara la anunciada en enero.
Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» lo que calificó como una «maniobra del Gobierno de Estados Unidos», que constituye, según dijo, una violación flagrante del derecho internacional y un atentado contra la soberanía venezolana.
