Santo Domingo. – En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, señaló que la lucha contra la corrupción es un desafío cultural y económico que requiere la participación de instituciones, ciudadanía y liderazgo político de todos los partidos.
Destacó la importancia de ir a la acción concreta y articulada en lo referido a los hechos recientes vinculados al caso SENASA.
Explicó que el país avanza hacia un modelo articulado de integridad pública, a través del trabajo que realiza la DIGEIG junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la construcción de una Estrategia Nacional de Integridad del Gobierno Dominicano.
Resaltó un avance clave, y es que el 93.5% de las instituciones públicas cumplen hoy con la publicidad de la información pública de acuerdo con los estándares de transparencia, frente a un 40 % al inicio de su gestión del 2020, destacando que actualmente 211 instituciones alcanzan un promedio entre 90 y 100 puntos.
Además, destacó la importancia otorgada por las Naciones Unidas, al elegir a la República Dominicana como plan piloto por el uso de los datos como instrumento de prevención de la corrupción.
Entre las herramientas que permiten mejorar la supervisión Estatal, mencionó el Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF) plataforma que facilita el monitoreo del comportamiento presupuestario y la disponibilidad de fondos para nombramientos. También expresó que la falta de una Cámara de Cuentas funcional en años anteriores haya limitado avances importantes en materia de fiscalización.
Sostuvo que los organismos como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas son los encargados de las auditorías internas y externas de los recursos públicos.
Ortiz Bosch subrayó además la urgencia de modernizar el marco jurídico de la DIGEIG, mediante la actualización de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, así como la elaboración de una Ley de Protección de Datos Personales, Protección al Informante, el Testigo y la Víctima y una Ley de Conflicto de Interés, necesarias para garantizar decisiones públicas alineadas con los intereses del Estado.
Expresó satisfacción por los avances logrados desde la DIGEIG y reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas y prácticas que fortalezcan la transparencia y la integridad en la República Dominicana.
