No es una novedad para nadie en República Dominicana que las calles, atestadas de vehículos de todo tipo, con predominio de las motocicletas, representan un riesgo para cualquiera.
Un estudio reciente dado a conocer por el Defensor del Pueblo, titulado “Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial” desnuda esa realidad preocupante, una de las razones por las que RD ocupa el primer lugar en el mundo en mortalidad vial por cada cien mil habitantes, un triste récord al que contribuyen en más dos tercios las motocicletas.
La DGII registra 5,810,888 vehículos hasta diciembre de 2023, un aumento de 346,892 unidades nuevas respecto a 2022, lo que refleja el crecimiento promedio anual de nuestro parque vehicular: 322 mil unidades.
Esto genera serios problemas, como los interminables tapones, con la consiguiente polución de los escapes, el estrés de conductores y pasajeros, los accidentes y, en el caso de los motociclistas, su total irrespeto a las normas, como transitar por las aceras, meterse en túneles y elevados, circular sin casco y en unidades viejas sin la más mínima seguridad.
Los grandes transportes o “patanas” tampoco tienen restricción, salvo algunas veces en feriados, por lo que es común encontrarse con vehículos pesados a cualquier hora en calles céntricas de las ciudades.
Otro problema igualmente grave es que, aunque ese parque vehicular crece aceleradamente, no significa que se renueve, sino que ingresan unidades usadas en su mayoría, (de las que entraron el año pasado, por ejemplo, solo el 45.16 % son cero kilómetro) y hay 2,155,470 con al menos 24 años de fabricación.
Del mencionado estudio surge que es una necesidad perentoria reducir el parque vehicular, lo que puede hacerse con regulaciones específicas, controles más estrictos para emitir nuevas licencias y mejorar y hacer más eficiente el transporte público para desincentivar la compra de vehículos, algo que suena utópico cuando vemos cómo los carros de concho apretujan a la gente, y de las guaguas voladoras ni hablar.
Saludamos la aparición de este estudio del Defensor del Pueblo; ojalá nuestras autoridades lo lean y trabajen en soluciones concretas, sobre todo con los motociclistas, la mayoría sin registros, y cuya responsabilidad en pérdidas de vidas y amputaciones por accidentes es demasiado alta. Hay que tomar al toro por los cuernos antes de que el problema se torne inmanejable.
fuente caribe.com
