El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva contra 10 personas a las que acusa de formar parte de una estructura del narcotráfico que operaba en la región Sur, desmantelada el miércoles durante la fase II de la Operación Caimán.
A los imputados se les acusa de delitos como asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
A través de una nota de prensa, el órgano persecutor informó que pidió que el caso sea declarado completo.
La institución solicitó medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
Las autoridades informaron que durante el operativo a los arrestados se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, seis embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.
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Además, planes de navegación «que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia«.
De acuerdo con la nota, la estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la fase I de la Operación Caimán.
Despliegan Operación Caimán con apoyo de EE.UU.
El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.
Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
Cinco toneladas cocaína ocupadas en los operativos
La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este, lugares que el Ministerio Público dice que operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.
Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este.
Los operativos contaron con el apoyo de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.
