El debate sobre una eventual reforma fiscal en República Dominicana se intensifica (pica y se extiende dirían en el lenguaje beisbolístico), pero conforme ocurre esto, hay una pregunta rodando de un lado a otro y repitiéndose: ¿a quién le cobramos la cena?
Prácticamente ningún sector ni persona quiere que le “carguen más el dado” con los impuestos, y por otro lado, ningún sector está dispuesto a dejar ir aquello que ha recibido por muchos años; los incentivos, por ejemplo.
Con un crecimiento del gasto tributario del 52.1% en solo cinco años, la presión fiscal se hace sentir. Sin embargo, desde ya los principales sectores económicos, como la agricultura, la industria del ron, el turismo y otros han dejado saber que se resisten a cualquier carga adicional.
La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (Adha) y la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) destacan hace varios días los riesgos de gravar más a estos sectores, argumentando posibles impactos negativos en la producción y los precios de los alimentos básicos y el la citada bebida alcohólica.
Desde el ámbito turístico y de zonas francas, si bien formalmente no ha habido un pronunciamiento sobre el tema, se han emitido señales claras de que esas actividades económicas no deben tocarse, especialmente, porque son pilares de la economía y porque su crecimiento, en gran manera está ligado al buen tratamiento en materia impositiva.
Con las zonas francas, por ejemplo, el temor es que cualquier elemento “negativo” para ese ramo, colocado en una reforma fiscal, podría espantar a los inversores. Unos inversores que –según datos vistos a julio de 2023- han colocado de forma acumulada un capital de 7,000 millones dólares en el territorio nacional.
En cuanto al empleo, el sector de zonas francas alcanzó cifras récord al superar los 95,000 empleos directos por primera vez, en 2023, al llegar a un total de 197,674 empleos directos.
El turismo parece que no debería “molestarse”, han dicho empresarios de ese lado: La industria hotelera generó en 2022 un valor agregado de US$22,190 millones, con un efecto multiplicador de 2.88 en el resto de la economía, en términos del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto equivale al 19% del PIB o a que, por cada peso producido de manera directa, la industria turística genera dos pesos de manera indirecta e inducida. Esta última categoría incluye la actividad que se genera a través de la compra a otros sectores económicos y el consumo de los empleados del sector turismo. El 59% de estos ingresos fueron generados por los hoteles y un 41% por el resto del sector.
Los datos están contenidos en un estudio presentado hace varios meses por el Banco Popular Dominicano y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). Ha sido la tercera investigación presentada sobre el turismo dominicano, realizada por la firma Analytica, en la que se evidencia el significativo aporte de la industria turística a la economía del país y su capacidad para replicar beneficios en diversas áreas productivas.
Frente a la resistencia sectorial –que incluye también a los choferes, que ya se han manifestado- y las preocupaciones sociales, el gobierno enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre aumentar los ingresos fiscales y mantener la estabilidad económica.
Diversas propuestas, como tasas diferenciadas para productos específicos o reducciones graduales en ciertos impuestos, buscan mitigar las tensiones y promover un consenso.
La consulta debe estar en primera línea
Organizaciones empresariales como el Consejo de la Empresa Privada (Conep) han llamado a un amplio proceso de consulta y discusión para abordar la reforma fiscal. Se destaca la importancia de corregir distorsiones y evitar medidas que puedan obstaculizar el desarrollo económico y fomentar la evasión fiscal. Otras voces se han sumado: Guillermo Caram, ex secretario técnico de la Presidencia y exgobernador del Banco Central, según una publicación colgada en el portal Acento.com, ha recomendado al gobierno adoptar un enfoque gradual en una próxima reforma fiscal.
Desde otros ámbitos, se ha sugerido ampliar la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) a todos los productos industriales y servicios, mientras se mantienen exentos los productos agrícolas.
Además, se propone reducir la tasa del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) al 10% y mantener los impuestos selectivos y las exenciones fiscales que han demostrado ser efectivos.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles ha planteado la extensión del Itbis a productos actualmente exentos, pero con una baja de la tasa del 18% al 10%.
