Será el 7 de febrero cuando el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dará a conocer su decisión de si envía a juicio de fondo a los imputados en el supuesto entramado de corrupción conocido como caso Antipulpo.
Durante la audiencia de etapa preliminar del juicio realizada hoy, varios de los imputados agotaron su turno ante el tribunal para defenderse contra las acusaciones del Ministerio Público (MP).
De su lado, el Estado dominicano a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, disponer auto de apertura a juicio y el embargo conservatorio por RD$23,903,465,542.00 en favor del Estado en el proceso que se sigue a los imputados y empresas acusadas en el caso Antipulpo.
Al solicitar que se dicte auto de apertura a juicio contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 25 personas físicas y 21 compañías acusadas de formar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos, el Estado pidió la declaratoria de conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas.
“Con el levantamiento del velo corporativo, el Estado dominicano persigue garantizar la ejecución de la sentencia de fondo a intervenir en la etapa de juicio, persiguiendo directamente a los socios o accionistas de las entidades a comerciales acusadas”, explicó Jorge López Hilario, quien representa al Estado dominicano en audiencias a través del ERPP.
Es preciso recordar, que el magistrado Peguero autorizó en julio del año 2022 el embargo retentivo de diez millones de pesos en favor del Estado al dictar auto de apertura a juicio en el caso de la acusada Milagros Isabel Torres Castellanos, socia de la entidad EDITORAMA, que también forma parte del proceso, quién por una condición de salud se le conoció su proceso separado de los demás acusados en el caso.
Torres Castellanos fue acusada por lavado de activos, asociación de malhechores y otros ilícitos penales por el Ministerio Público y por el Estado Dominicano.
Al concluir con la réplica, Jorge López indicó que este proceso es histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad, toda vez que en apenas unos dos años que lleva el proceso, ya se han formalizado 4 acuerdos donde los imputados aceptan su responsabilidad penal y retornan a favor del Estado más de 350 millones de pesos tanto en decomiso como en indemnizaciones.
El jurista aseguró que con estos acuerdos y las pruebas aportadas, se espera un Auto de Apertura a Juicio.
