La decisión del juez Rigoberto Sena contradice la solicitud del Ministerio Público, que pedía 18 meses de prisión preventiva. De los imputados, diez firmaron acuerdos de colaboración, mientras que cinco negaron cualquier implicación en los hechos.
Red de sobornos operaba en instituciones clave del Estado
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detalló que los sobornos se habrían pagado para asegurar contratos de seguridad en:
- Seguro Nacional de Salud (Senasa)
- Edeeste, Edesur y Edenorte
- Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi)
A pesar de la gravedad del caso, los titulares de estas instituciones no aparecen como imputados en la solicitud de medida de coerción.
Los implicados ocupaban cargos de seguridad
Entre los acusados figuran empleados de niveles medios y bajos que ocupaban funciones en departamentos de seguridad. Entre ellos destacan:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur
- Ramón Quezada Ortiz, seguridad de Edeeste
- Andrés Pacheco Varel, exencargado de seguridad de Edenorte
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste
- Elías Caamaño Pérez, exencargado de seguridad de Senasa
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, encargado de seguridad en Edenorte
- Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi
Pepca lidera investigación por corrupción administrativa
El caso está en manos de la procuradora adjunta Mirna Ortiz, quien lidera el equipo de fiscales de la Pepca. El Ministerio Público asegura que continuará profundizando en la investigación para determinar si hay más implicados de alto rango en este esquema de corrupción.
