La decisión de los jueces de la Corte de Apelación marca un hito en el proceso judicial relacionado con la denominada “Operación Camaleón”.
En lugar de continuar con los 18 meses de prisión preventiva impuestos a los acusados, las nuevas condiciones establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades.
La medida, aunque no exime de responsabilidades a los imputados, modifica la estrategia inicial del Ministerio Público, que había solicitado una prisión preventiva más prolongada.
El Escándalo de corrupción en el Intrant
El caso Camaleón tiene sus raíces en un escándalo de corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y el contrato irregular entre este organismo y la empresa Transcore.
Los acusados, entre los que se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canáan (Jochi Gómez), propietario de Transcore, están imputados de delitos graves como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, y otros cargos relacionados con el robo de identidad y sabotaje a la infraestructura crítica del país.
Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, los implicados formaban parte de una asociación de malhechores con el fin de defraudar al Estado mediante la creación de un contrato irregular por un monto que supera los 1,200 millones de pesos.
El escándalo estalló después de la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que presentó más de 200 pruebas en contra de los acusados.
Los tres implicados deberán seguir enfrentando la justicia y cumplir con las condiciones establecidas en la nueva medida de coerción. Aunque el cambio de prisión preventiva por otras restricciones puede parecer un alivio para los acusados, la gravedad de los cargos sigue pesando sobre ellos.
