SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM), apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, llevó a cabo ayer una serie de operaciones de interdicción en diversas regiones del país con el objetivo de reforzar el control migratorio, combatir la inmigración irregular y garantizar la seguridad ciudadana. Estas acciones, que se enmarcan en el cumplimiento de la legislación nacional y los compromisos internacionales del país, resultaron en la detención de 1,842 individuos en situación migratoria irregular y la deportación de 1,115 hacia Haití.
Las operaciones se desplegaron principalmente en el Gran Santo Domingo, donde se reportó la detención de 190 extranjeros en condición migratoria irregular. En otras provincias y regiones las cifras son las siguientes: Santiago de los Caballeros (53), Mao/Santiago Rodríguez (60), Zona Este (136), Azua (12), Barahona (16), Puerto Plata (7), Dajabón (249), Elías Piña (191), Jimaní (103), Pedernales (34) y Montecristi (50). A estos números se suman 597 detenidos por el Ejército, 87 por el Cesfront y 57 por la Policía Nacional.
En lo que respecta a las deportaciones, las autoridades migratorias haitianas recibieron a 555 repatriados por el punto fronterizo de Dajabón, 428 por Elías Piña, 98 por Jimaní y 34 por Pedernales. Este proceso se realizó respetando las normativas internacionales, así como los derechos y la dignidad de las personas en condición migratoria irregular, en un esfuerzo conjunto por mantener la estabilidad y la legalidad en todo lo que respecta a los flujos de extranjeros.
Antes de ser devueltos a su lugar de origen, los interdictos fueron trasladados a centros de procesamiento de la DGM, donde se les hace el debido proceso de manera personalizada y se les toman los datos biométricos, huellas dactilares y se realiza la depuración para constatar que no tienen problemas pendientes con la justicia dominicana.
En las operaciones también participan los ministerios de Defensa y Público, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, instituciones que actúan con el propósito de que los trabajos de interdicción, además de mantener el control migratorio y promover la convivencia armoniosa en el territorio nacional, también combatan el tráfico y la trata de blancas, entre otros ilícitos que puedan estar relacionados con el crimen organizado.
