En estos días en que se están aireando los programas de gobierno depositados en la Junta Central Electoral por los principales candidatos y sus respectivos partidos, resalta que, pese a que en ocasiones el debate entre sí se torna ácido, al identificar los problemas nodales que afectan a la sociedad dominicana y sus posibles soluciones hay mucha coincidencia.
En la lista de desafíos a enfrentar una prioridad uno o dos es la inseguridad y, aunque cada quién aplicaría su librito, el diagnóstico y las recetas por implementar no difieren sustancialmente.
Incluso, hacen causa común y prometen su mejor empeño para combatir, sin contemplación, la delincuencia y la inseguridad, punto en el que nos atreveríamos a sugerir que las propuestas profundicen más en las causas que las generan, junto a la violencia y la criminalidad, como única manera de zafarse del círculo vicioso que entramparía cualquier programa de seguridad ciudadana.
No es que los programas no contengan medidas en esa dirección; algunos hasta se plantean que debe ser un abordamiento integral con el concurso no solo de los aparatos represivos.
En ese afán de lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, muchas veces se olvida, paradójicamente, al ciudadano, y se da por sobreentendido que el Gobierno es el garante de sus derechos y que debe ejercerlos observando absoluto respeto de las leyes y del orden público.
O sea, viendo la otra cara de la moneda, los gobernantes tienen que luchar sin cuartel contra los delincuentes, sin menoscabo de su obligación de proteger a los ciudadanos que ejercen derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
Entre esos derechos a resguardar con celo figura el de manifestarse, como lo hizo ayer por reivindicaciones propias, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia sin que fuera molestado.
La inseguridad también es consecuencia de un Estado que cuida muy bien a unos, pero está ausente para proteger a una mayoría vulnerable, con la que la delincuencia se ensaña.
El derecho a protestar y al libre tránsito son cartas de presentación que exhibe nuestra democracia, y deben respetarse a rajatabla, no como en otras latitudes donde el ejercicio de un derecho por unos significa la conculcación de los derechos de otros, lo que se hace con la excusa de la seguridad nacional o de la lucha contra la delincuencia y por la paz pública.
