Santo Domingo.- La muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, estudiante del Instituto Leonardo Da Vinci, ocurrida el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar a la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, podría provocar serias consecuencias penales, civiles y administrativas para los responsables.
Así lo explicó el abogado Juanquisito Bocio, quien analizó el caso desde el punto de vista legal y respondió de manera directa la pregunta clave: “¿Hubo negligencia?”.
¿Hubo negligencia del colegio o de la hacienda?
Según el abogado sí, tanto el centro educativo como el personal del establecimiento recreativo pudieron haber incurrido en negligencia, lo que encuadra en diversas disposiciones legales.
Sustento legal de la posible negligencia
Bocio explicó que los hechos se ajustan al artículo 319 del Código Penal Dominicano, que tipifica el homicidio involuntario por negligencia u omisión, agravado cuando la víctima es un menor de edad.
Esto implica que:
- El docente que organizó la excursión.
- El personal encargado de la vigilancia en la hacienda.
- Y quienes tenían la responsabilidad directa del cuidado de los menores.
Podrían enfrentar responsabilidad penal por no adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la niña.
Asimismo, el abogado citó el artículo 396 de la Ley 136-03, que sanciona con tres meses a un año de prisión, además de multas, a quienes incumplan su deber de protección hacia niños, niñas y adolescentes.
Posibles sanciones y consecuencias
El jurista advirtió que, si se comprueba que la actividad escolar no contaba con la autorización del Ministerio de Educación, se configuraría también una violación a los protocolos oficiales, lo que podría derivar en:
- Sanciones administrativas.
- Procesos penales.
- Y hasta el cierre temporal o definitivo del centro educativo.
Acciones legales a disposición de la familia
Bocio indicó que los familiares de la menor pueden constituirse en querellantes y actores civiles, lo que les permitiría:
- Reclamar indemnización por daños y perjuicios.
- Solicitar medidas de aseguramiento.
- Acceder a todos los elementos probatorios durante la investigación.
Bocio insistió en que este caso podría marcar un precedente importante sobre la responsabilidad de los centros educativos y los establecimientos recreativos en la protección de los menores. Ahora corresponde al Ministerio Público y al tribunal determinar si hubo fallas graves en el deber de vigilancia, y aplicar las sanciones penales, civiles o administrativas que correspondan.
