Buenos Aires, 15 abr (EFE).– Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, denunció este martes, durante el juicio por la muerte de su padre, que los médicos que lo trataban cuando falleció obstaculizaron el contacto del ídolo argentino con su familia y los engañaron “de la manera más cruel” sobre su última internación.
Dalma, una de las dos hijas que el exfutbolista tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe, acudió este martes al Tribunal de lo Criminal Número 3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y brindó testimonio por primera vez desde el comienzo del juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte de su padre el 25 de noviembre de 2020.
La hija del ídolo argentino cuestionó con dureza al equipo médico que estuvo a cargo de los cuidados de su padre durante la internación domiciliaria, posterior a una operación en la cabeza el 3 de noviembre de 2020, y acusó que limitaron el contacto que ella y otros familiares podían tener con Diego.
“Muchas veces yo dije que no reconocía a mi papá en el ultimo tiempo porque ya no se reía, se perdía, si estábamos en una videollamada no sabía quién estaba del otro lado”, relató Dalma, quien alertó de esta situación al equipo que trataba a su padre.
“Los médicos decían que era normal, que eran semanas, pero que iba a estar bien y obviamente durante todo ese último tiempo nos cortaron todo tiempo de contacto”, añadió, y precisó que quienes obstaculizaron el contacto con su padre fueron su médico de cabecera, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Consultada por su participación en la toma de decisiones sobre el equipo médico del exfutbolista y los procedimientos a los que lo sometieron, Dalma explicó: “Nosotras no teníamos mucha injerencia, podíamos decir lo que nos parecía pero no decidíamos nada”.
Según comentó, tras la operación de Maradona el 3 de noviembre, Luque le dijo a la familia que la única opción para el proceso de recuperación era una internación domiciliaria, mientras que descartó la posibilidad de una internación -voluntaria o por la fuerza- en la Clínica Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
“Discutimos las 3 opciones, no nos parecía tan mal porque nos prometieron lo mismo (en la internación domiciliaria) que en la Clínica Olivos, y nunca pasó. Nos engañaron de la manera más cruel”, señaló Dalma, que aseguró que las condiciones de la vivienda en la que le internaron su padre no se ajustaban a lo que les habían prometido.
Dalma denunció además que Matías Morla, abogado de Maradona; Maximiliano Pomargo, asistente del exfutbolista; y Vanesa Morla, hermana de Matías, que manejaban los asuntos de su padre, también obstaculizaron el contacto con la familia durante la última internación.
“Él me llamaba y me decía ‘no venís nunca, vení, traeme a la nena (su nieta)’. Pero fui y desde la puerta empiezo a llamar y me dicen que está dormido, me vine en el auto con una bebé y no me dejan entrar, a mí no me hagan esto”, expresó Dalma, quien describió otras instancias en las que tanto Pomargo como el psicólogo Díaz impidieron que visitara a su padre.
“Nos decían que estaba todo bien”
“Nos decían que estaba todo controlado y que estaba todo bien, pero no nos permitían el ingreso por lo cual no podíamos corroborar que eso era verdad”, añadió, mientras se quejaba de la falta de atención a su padre durante sus últimos días.
Ante la consulta sobre en cuántas ocasiones se le negó acceso, Dalma respondió que “muchas, muchísimas veces”, y enfatizó que Diego no le creía cuando se lo contaba.
Además de Luque, Cosachov y Díaz, son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.
Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE
