Gonzalo Castillo manifestó ante el tribunal que desde que perdió las elecciones presidenciales en julio 2020, comenzaron inmediatamente ataques despiadados contra él.
El excandidato presidencial y exministro de Obras Pública, le dijo ayer a la jueza Kenya Romero durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, que no esperaron que iniciara el proceso de transición gubernamental para comenzar una campaña en su compra.
“Desde entonces he estado sometido a este ataque público, que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar cualquier tema de interés en YouTube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan”, manifestó.
“Son mentiras de envergadura indescriptible”, enfatizó el exministro de Obras Públicas en el gobierno de Danilo Medina, al hacer su defensa material respecto al supuesto entramado de corrupción del que él forma parte y que habría estafado al Estado con una suma de 19 mil millones de pesos.
Ante este panorama es que el 8 de septiembre remitió una carta a la procuradora general de la República, Miriam Germán, y se puso a disposición del Ministerio Público para ser investigado.
“Dijo que no era necesario privarlo de libertad para presentarse al proceso. Habló que luego de los ataques que él ha recibido, a través de medios y de redes, él envió una carta a Mirian German (procuradora de la República) en septiembre del 2020 diciéndole que estaba a disposición del Ministerio Público”, narró su abogada Laura Acosta.
La jurista sostuvo que no existe la posibilidad de que Gonzalo llegue a un acuerdo con el órgano acusador, debido a que su cliente no ha cometido un ilícito penal que amerite la privación de libertad que solicita el Ministerio Público.
“Puedo justificar el origen de cada peso que tengo”
Mientras que el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, defendió la procedencia de su patrimonio.
Durante su intervención en la audiencia de solicitud de coerción en su contra, Peralta dijo que siempre ha actuado apegado a las buenas costumbres, valores y principios que aprendió en su hogar a través de sus padres.
El exfuncionario aseguró que ha trabajado arduamente desde su juventud. Por lo que expresó que no tiene un solo peso que no pueda ser justificado.
“Nadie puede dar testimonio de que nosotros hayamos actuado incorrectamente”, expresó a la magistrada.
Desarrollo de la audiencia Calamar
Luego de cinco días desarrollándose la audiencia contra los imputados en el caso Calamar, la jueza Kenya Romero terminó ayer de conocer la vista y fijó fecha para dar su decisión sobre las diferentes medidas de coerción que solicita el Ministerio Público.
Tanto los fiscales como la defensa de los 20 encartados acusados de participar en el supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado, terminaron de presentar sus alegatos ante el tribunal de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Ayer, la jueza se retiró a ponderar y hoy martes a las 10:00 de la mañana dará a conocer el fallo de la solicitud de medida de coerción de los imputados en el caso Calamar.
Entre estos procesados se encuentra la señora Ana Linda Fernández, que padece de una enfermedad renal, por la cual se dializa. Hoy en la mañana recibirá el procedimiento médico, al que se somete cada dos días. Por este motivo la jueza dará el fallo con respeto a ella a las 3:00 de la tarde, de acuerdo con declaraciones de los abogados.
Al concluir la audiencia, la defensa de la familia Jorge Mota, que se sumó al caso Calamar debido a presunta estafa hecha por exfuncionarios, pronosticó que a los encartados, la jueza Kenya Romero les dictará prisión preventiva como medida de coerción.
“Entiendo que debe haber algunas prisiones preventivas porque hay una respuesta a la sociedad y las víctimas que fueron afectadas por las acciones criminales de los acusados”, manifestó la abogada Yajaira Solano.
La fiscal Rosa Alba García indicó que el Ministerio Público entiende que están las condiciones para que el tribunal acoja la solicitud de prisión preventiva contra los seis encartados que no llegaron a un acuerdo con el órgano persecutor.
¿Quiénes colaboraron con el MP?
Los procesados que han colaborado con el Ministerio Público son el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También se le varió la solicitud de prisión preventiva por una menos gravosa, a Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía, Emir Fernández de Paola y Marcial. Asimismo a Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ramón Hernández, Víctor Matías y Rafael Parmenio Rodríguez.
Los imputados en el caso Calamar están detenidos desde el sábado 18 de marzo, tras ser arrestados.
MP solicita prisión solo para seis imputados
A medida que se iba desarrollando la audiencia de los imputados del caso Calamar, el Ministerio Público fue variando la solicitud de medida de coerción a los implicados en una supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la operación Calamar. Sin embargo, los acusados de ser los cabecillas de la supuesta red que habría estafado al Estado dominicano, se mantienen firmes en defensa de su inocencia. Se trata de Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial; y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia. Los otros tres imputados que tampoco llegaron a un acuerdo con el Ministerio son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi, exasesor del Ministerio de Hacienda.
Datos
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Gonzalo Castillo Excandidato presidencial En el documento de petición de allanamientos que hizo el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, se establece que Gonzalo Castillo, recibió $3,957,000,000,00 de manos del imputado Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), para financiar su campaña política a la presidencia del país. |
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Donald Guerrero Ortiz Exministro de Hacienda La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició una investigación de un alegado desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 19 mil millones de pesos, en el que se señala al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz como principal imputado en el caso. |
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José Ramón Peralta Exadministrativo de la Presidencia Se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del excandidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo. El Ministerio Público dice que para realizar estas maniobras fraudulentas, Peralta ejecutó pagos de expropiaciones. |
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