Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró la promulgación del Decreto núm. 507-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, al considerar que constituye una medida oportuna para garantizar la adecuada implementación de la nueva legislación y fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.
La entidad explicó que la entrada en vigor de un nuevo Código Penal representa una de las reformas jurídicas más importantes para el país, por lo que entiende necesario contar con un mecanismo institucional que permita informar, orientar y acompañar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía sobre el alcance de la Ley núm. 74-25 y sus modificaciones.
Según FINJUS, la comisión tendrá la responsabilidad de organizar el proceso de socialización, educación y concienciación sobre el nuevo Código Penal, además de realizar estudios y análisis que contribuyan a una difusión más efectiva del nuevo marco legal y faciliten la identificación de posibles mejoras derivadas de su aplicación práctica.
La fundación destacó que la integración de la comisión, conformada por juristas, académicos, exjueces, representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, fortalecerá la legitimidad del proceso y favorecerá un diálogo técnico y participativo sobre la aplicación de la normativa.
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Asimismo, sostuvo que el decreto representa un aporte significativo al fortalecimiento del Estado de derecho, al promover el seguimiento continuo de una reforma considerada trascendental para la sociedad dominicana y al crear espacios de análisis y participación para consolidar un sistema de justicia moderno, eficiente y acorde con las necesidades actuales del país.
FINJUS recordó que, desde hace varios meses, ha impulsado iniciativas dirigidas a difundir y socializar el contenido del nuevo Código Penal entre la ciudadanía, la academia, los operadores del sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil.
La institución afirmó que la creación de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal brinda un importante respaldo institucional a esos esfuerzos y contribuirá a que la población conozca el alcance de la nueva legislación, favoreciendo una implementación efectiva que fortalezca la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica del país.
