Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó este martes su preocupación por recientes casos de personas privadas de libertad en condiciones que, a su juicio, evidencian vulneraciones a las garantías constitucionales y reflejan fallas estructurales del sistema de justicia penal dominicano.
La entidad señaló que uno de los casos más alarmantes corresponde a un hombre que permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva. De acuerdo con FINJUS, el ciudadano estuvo privado de libertad desde 2006 hasta que, tras la intervención de la Defensa Pública, recuperó su libertad en 2026.
Asimismo, recordó el caso de 13 personas que permanecieron detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que concluyó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.
Para la organización, estos hechos ponen de manifiesto la lentitud de algunos procesos judiciales y la falta de seguimiento oportuno de expedientes, lo que puede provocar que una persona permanezca privada de libertad durante años sin una decisión definitiva sobre su situación jurídica.
FINJUS sostuvo que la seguridad ciudadana requiere respuestas firmes frente al delito, pero advirtió que el ejercicio del poder punitivo del Estado debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley, el principio de proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.
La fundación afirmó que estos casos no deben verse como hechos aislados, sino como una muestra de deficiencias acumuladas en el sistema de justicia penal, entre ellas procesos que se prolongan más allá de un plazo razonable y el riesgo de que la prisión preventiva termine convirtiéndose en una pena anticipada.
En ese sentido, consideró que toda privación de libertad que exceda los límites previstos en la legislación debe ser revisada y corregida con urgencia por las autoridades competentes, al tratarse de una de las expresiones más severas del poder del Estado sobre los ciudadanos.
FINJUS recordó que el principio constitucional establece que la libertad es la regla y que cualquier restricción constituye una excepción sujeta a controles y garantías. También enfatizó que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena corresponden a situaciones jurídicas distintas, por lo que no deben recibir el mismo tratamiento.
La organización subrayó que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea conocida y revisada dentro de los plazos y mecanismos previstos por la Constitución y las leyes.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones que integran el sistema de justicia penal, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos responsables de la administración penitenciaria, para que garanticen que ninguna persona permanezca privada de libertad como consecuencia de ineficiencias, dilaciones o falta de coordinación institucional, al tiempo que recordó que la Constitución protege derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
