Santo Domingo, 24 nov (EFE).- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán aplicando su código disciplinario, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que consideró inconstitucional las medidas de ambas instituciones en contra de las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo.
«Somos respetuosos y reconocemos la independencia de los poderes del Estado, pero que quede bien claro, que a pesar de la sentencia, las Fuerzas Armadas continuarán aplicando su código disciplinario sin distinción de quién o quiénes lo violen», dijo el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre.
El militar se refirió en esos términos al responder una pregunta durante el encuentro acostumbrado de los lunes del presidente Luis Abinader con los medios en el Palacio Nacional.
REGLAMENTOS INTERNOS SE DEBEN RESPETAR
La misma postura fijó el director general de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, al advertir de que esa institución tiene normas y reglamentos internos que hay que respetar.
«Esos reglamentos internos son fiscalizados de manera constante para que se cumplan», abundó.
Las medidas disciplinarias de los organismos castrenses y de la Policía Nacional estipulan sanciones que incluyen prisión de hasta seis meses para aquellos miembros que se determine sostienen relaciones amorosas con personas del mismo sexo dentro de las filas.
TC VE MEDIDAS SON VIOLATORIAS DE LA CONSTITUCION
El Tribunal Constitucional dispuso recientemente, que son violatorios a la Constitución las medidas disciplinarias, que incluyen prisión, para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del mismo sexo que sostengan relaciones amorosas.
El tema ha sido motivo de debates entre varios sectores de la sociedad, principalmente entre las iglesias, que critican con dureza la decisión, mientras que otras organizaciones de la sociedad civil la respaldan.
Una de esta últimas es Participación Ciudadana (PC) que saludó este lunes la decisión.
La entidad afirmó en un comunicado que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.
