La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez ha confirmado que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019.
Esta acción busca garantizar su comparecencia ante el Ministerio Público en el contexto de una investigación relacionada con un caso de trata de personas. Gutiérrez, fiscal departamental en Tarija, subrayó la legalidad de las notificaciones realizadas a Morales y otros involucrados.
La Fiscalía ha recibido una denuncia que alega que Morales incurrió en delitos de trata de personas y estupro en relación con una menor de edad.
Se afirma que la víctima formaba parte de un grupo juvenil creado durante su mandato, conocido como ‘Generación Evo’. Este caso ha generado un gran revuelo tanto en el ámbito político como en el social, dado el peso histórico de Morales en la política boliviana.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien ocupó el cargo de 2006 a 2019, reveló que enfrenta un total de cuatro procesos judiciales que lo involucran en diversas acusaciones. Entre estos casos, destacó uno relacionado con delitos de trata de personas, tráfico y estupro, lo que añade un nivel significativo de gravedad a la situación legal que enfrenta.
Además, el exmandatario no dudó en expresar sus preocupaciones sobre el actual gobierno de Luis Arce, afirmando que existe un intento por parte de las autoridades para “extraditarlo” a Estados Unidos.
Este último comentario genera inquietud no solo en el ámbito político boliviano, sino también en el contexto internacional, ya que pone de relieve las tensiones que persisten en la política del país desde su salida del poder.
Incumplimiento de citaciones
Evo Morales estaba citado a declarar el jueves en Tarija, pero su defensa presentó un memorial solicitando la suspensión de la audiencia. Argumentaron que existe una sentencia constitucional que establece que el caso debería ser tratado en Cochabamba, donde reside el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
La fiscal Gutiérrez destacó que, además de Morales, dos personas más también están bajo investigación y no asistieron a la citación. Gutiérrez afirmó que el mandamiento de aprehensión busca asegurar que los involucrados se presenten para brindar su declaración.
Aseguró que la legalidad del proceso se mantiene intacta, refutando las afirmaciones de Morales y sus abogados sobre la vulneración de derechos. La fiscal enfatizó que todas las acciones se llevan a cabo con transparencia y dentro del marco legal correspondiente.
Reacciones y advertencias
Organizaciones sociales que apoyan a Morales han advertido que iniciarán bloqueos nacionales de caminos si se emite la orden de aprehensión.
Esta reacción refleja la polarización política que persiste en el país. Morales, distanciado del gobierno del presidente Luis Arce, ha calificado la situación como una “persecución política” y asegura contar con más de 200 abogados dispuestos a ofrecerle defensa legal sin costo.
Implicaciones políticas
La denuncia presentada el 26 de septiembre se produjo poco después de que Morales liderara una caminata en La Paz, buscando validar su candidatura única para las elecciones generales de 2025. El Grupo de Puebla, un foro político de la izquierda latinoamericana, ha expresado su preocupación por lo que consideran una “campaña de lawfare” contra el exmandatario.
