El regreso de Trump revive entre los inmigrantes el temor a la regla de carga pública

Según esa regla de larga data, las autoridades de inmigración pueden negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde (“green card”) a un extranjero que considere supondrá una carga para el país.

Trump amplió la regulación en 2019 para vetar a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.

La actual Administración del presidente Joe Biden revirtió los cambios hechos por el republicano y relajó la veda, pero es muy probable que Trump, quien asumirá la Presidencia el 20 de enero, amplíe la regla de nuevo con lo que se reduciría el número de personas que puedan ajustar su estatus migratorio.

“Definitivamente Trump va a restringir nuevamente la carga pública, le funcionó muy bien en su primer gobierno, entonces vamos a volver a esos tiempos”, dijo a EFE el abogado Fernando Romo, asesor en inmigración de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).

Durante la campaña, tanto Trump como su compañero de fórmula, el vicepresidente electo, J.D. Vance, apuntaron el dedo contra los indocumentados al decir que reciben beneficios destinados únicamente a los estadounidenses, a pesar de que en la práctica los inmigrantes irregulares no los obtienen porque no califican para esas ayudas aludidas.

Los defensores de los inmigrantes han expresado temor sobre los estragos que podría causar la nueva ampliación de esta política en la comunidad indocumentada de bajos recursos y especialmente en las familias de estatus mixto, como se conoce a aquellas que tienen al menos un miembro ciudadano estadounidense.

Romo recordó que bajo Trump, los inmigrantes que aplicaban a la residencia permanente debían comprobar que tenían solvencia económica.

“Debían entregar evidencia de que podían mantenerse por ellos mismos, así tuvieran un patrocinador” explicó, y agregó que no era bien visto que el solicitante se hubiera declarado en bancarrota o tuviera un mal reporte de crédito.

Un análisis de Kaiser Family Foundation (KFF, en inglés) estimó que los cambios de 2019 a la política de carga pública podrían haber llevado a una disminución de la cobertura de entre 2 y 4,7 millones de inscritos en Medicaid o CHIP, entre ellos algunos estadounidenses hijos de indocumentados.

En una encuesta de KFF de 2023, la mayoría de los adultos inmigrantes dijeron que “no estaban seguros” sobre las reglas de carga pública.

Asimismo, uno de cada cuatro (27 %) de los adultos inmigrantes, probablemente indocumentados, dijo que había evitado solicitar asistencia debido a temores relacionados con la inmigración, esto a pesar de que el Gobierno Biden había relajado las exigencias.

Se prevé que Trump tendrá el respaldo de la bancada republicana sobre este tema. El año pasado, el Senado de EE.UU., con la ayuda de dos demócratas- Jon Tester de Montana y Joe Manchin de Virginia Occidental- aprobaron una resolución para dejar en pie los cambios hechos en 2019 a la carga pública.

Aunque el presidente Biden no cedió, el panorama para 2025 es diferente, ya que los demócratas han perdido el control de las dos cámaras del Legislativo estadounidense.

A esto se suma que más de una docena de estados conservadores iniciaron una batalla legal para que la Casa Blanca retome la norma.

Romo no espera que la nueva regla de carga pública pueda ser implementada en enero próximo, en vista de que necesita un proceso administrativo que requiere varios meses.

“Vamos a ver cambios, pero no inmediatamente. Mi consejo a los inmigrantes es que hagan la declaración de impuestos, tengan buen crédito, abran cuentas de ahorro para que no vayan a ser afectados”, señaló el abogado. EFE