La sociedad dominicana parece insensible e inmune ante situaciones alarmantes, asumidas como si nada, y la vida continúa.
Por ejemplo, nuestro país es el primero en América Latina en fallecimientos de motociclistas, pero la preocupación de las autoridades con los que conducen estos vehículos es otra; como en otro escandaloso récord mundial: primeros en fallecidos en accidentes viales por cada 100 mil habitantes.
A esa indiferencia consuetudinaria se suma algo igualmente grave que expuso el pasado sábado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte (SCJ), en el Día del Poder Judicial: Hay más de 16,000 personas privadas de libertad sin juicio ni condena, casi las dos terceras partes de la población carcelaria.
Algo está fallando en el sistema de justicia, y no es solo que imponer medidas de coerción se ha convertido en la regla y no, como lo recuerda el titular de la JCE, “servir justicia, con prontitud y apego al Estado de Derecho”.
Lo de los presos preventivos sin juicio ni condena sería apenas una de las calamidades, a lo que hay que sumar las condiciones infrahumanas en las cárceles.
La Oficina Nacional de Defensa Pública, en su informe “Condiciones de Detención y Prisión”, fechado en mayo 2022, indica que el 40 % de 27,315 internos hasta ese momento en las 19 cárceles del modelo tradicional dormían en el suelo y una gran cantidad guardaba prisión preventiva por delitos menores.
Según la Defensoría Pública la cárcel de La Victoria fue construida para alojar a 2,103 personas, pero al momento del levantamiento había 7,625.
Otra entidad que ha abordado el tema es la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CNDH-RD), con propuestas concretas para descongestionar las cárceles, como el indulto humanitario, con las formalidades de ley, a enfermos terminales, y libertad pura y simple a internos con medida de coerción como una garantía económica, y para aquellos presos por multas.
Se podría estar en desacuerdo con estas u otras sugerencias; lo que no se puede es pasar por alto sin que nadie siquiera se sonroje, que más de 16,000 personas estén en prisión sin juicio ni condena.
