WASHINGTON.– La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) propuso imponer aranceles de 200,000 dólares por viaje a los buques con bandera española, además de restricciones a determinadas exportaciones de España, en respuesta a las medidas adoptadas por Madrid para limitar el comercio de armas con Israel por la guerra en Gaza.
La iniciativa surge de una investigación iniciada después de que, en 2024, las autoridades españolas negaran el acceso a sus puertos a tres buques vinculados al Programa de Seguridad Marítima estadounidense, debido a que transportaban mercancías con destino u origen en Israel.
La FMC considera que esas decisiones perjudican el transporte marítimo internacional y las exportaciones estadounidenses. Para elaborar su propuesta, el organismo tomó en cuenta las posiciones de las partes involucradas y más de 8,000 comentarios recibidos durante la consulta pública.
RESTRICCIONES A EXPORTACIONES
Además de los gravámenes a los buques, la Comisión plantea restricciones a las exportaciones españolas de perfumería, cosméticos, aceites, grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.
Las medidas no son definitivas. La FMC concedió un plazo de 60 días, a partir de la publicación correspondiente en el registro federal, para que el Gobierno español presente sus alegaciones.
ESPAÑA DEFENDERÁ SU POSICIÓN
El Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció que defenderá los intereses comerciales del país, sus decisiones soberanas y el cumplimiento del derecho de la Unión Europea y del derecho internacional.
Fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares sostuvieron que las medidas españolas no discriminan a Estados Unidos ni a ningún otro país y consideraron que las posibles sanciones carecerían de fundamento.
CAMBIOS EN LAS RUTAS MARÍTIMAS
La investigación también documentó modificaciones en las operaciones de transporte. Según el informe, los buques de Maersk dejaron de realizar las siete escalas mensuales que efectuaban en España antes de noviembre de 2024 y trasladaron sus operaciones del puerto de Algeciras al de Tánger, Marruecos.
El documento también señala cambios en las operaciones de embarcaciones vinculadas al programa marítimo estadounidense.
La investigación se centró en las consecuencias comerciales de las decisiones españolas y no examinó las denuncias sobre posibles violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
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