La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura y con modificaciones, un proyecto de ley que eleva del 25 % al 30 % el límite presupuestario que pueden destinar las alcaldías al pago de nómina y al personal administrativo, incluyendo los salarios de funcionarios electos.
Esta medida, contenida en un pliego legislativo que fusiona tres propuestas sometidas por los diputados Dharuelly Leany D’Aza Caraballo, Yancarlos Simanca Ferreras y Juan Bolívar Cuevas Davis, reforma el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.
Reducción en fondos para obras e infraestructura
La reforma también reduce de 71 % a 65 % el porcentaje del presupuesto destinado a la prestación de servicios, obras públicas, ampliación de infraestructuras y equipamiento comunitario.
En contraposición, el porcentaje asignado a programas de salud, educación y género se incrementa de un 4 % a un 5 %.
Modificación y exclusión de artículos clave
Uno de los cambios relevantes fue la eliminación del párrafo I del proyecto original, que proponía que los ingresos propios de cada gobierno local se usaran exclusivamente para cubrir los servicios por los cuales se recaudaban.
Además, los diputados decidieron excluir del proyecto las reformas a los artículos 36, 64 y 81, que regulan la sucesión de vicealcaldes, subdirectores distritales y vocales. Estas modificaciones se tratarán en un proyecto legislativo separado, con el objetivo de consensuar una normativa alineada con la reforma constitucional de 2024.
Sanciones por mal uso del presupuesto municipal
La nueva legislación incluye fuertes sanciones para quienes incumplan las disposiciones del artículo 21. Estas van desde dos a cinco años de prisión, multas de cinco a veinte salarios mínimos, e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Se establece además que tesoreros y contralores municipales que no denuncien irregularidadesse considerarán cómplices y sancionados en consecuencia.
La Cámara de Cuentas deberá publicar anualmente los resultados de auditorías sobre la gestión presupuestaria de los gobiernos locales. En caso de detectar irregularidades, podrá solicitar la activación de la acción pública. Cualquier ciudadano o entidad también podrá hacerlo, presentándose como querellante y actor civil ante las jurisdicciones penales.
Próximos pasos legislativos
El proyecto deberá evaluarlo por el Senado de la República. De aprobarse en los mismos términos, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
En cuanto a los artículos segregados, se espera que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informe en las próximas semanas sobre los acuerdos logrados con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para avanzar en su discusión.
