De los micrófonos y las redes a los tribunales: una ola de condenas penales contra comunicadores e influencers ha reavivado la discusión sobre dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la responsabilidad legal.
Lo que empieza como un comentario al aire, un video en YouTube o una publicación en redes sociales termina, cada vez con más frecuencia, en un estrado judicial. En los últimos años la República Dominicana se ha convertido en escenario de una seguidilla de procesos por difamación e injuria que han involucrado a comunicadores, periodistas e influencers de alto perfil. Varios han concluido con penas de cárcel, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas, sentando precedentes sobre la frontera entre el derecho a opinar y la obligación de responder por lo que se dice.
El hilo común de casi todos estos expedientes es la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuyos artículos 21 y 22 sancionan penalmente la difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos. A menudo se invocan también el artículo 367 del Código Penal y el artículo 44 de la Constitución, que protege el derecho a la intimidad y al honor. La acumulación de fallos recientes ha colocado a esa legislación, y su uso, en el centro del debate público.
La Tora, el caso más reciente
El 11 de junio de 2026, la Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó a la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, a un año de prisión y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos por difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado del Partido Revolución Moderno (PRM) Sergio Moya, “Gory”.
La sentencia, dictada por la jueza suplente Octavia Carolina Fernández Curi, determinó que Pérez violó los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 y dispuso que cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. El tribunal acogió, además, la demanda civil del legislador.
El fallo todavía no es firme: la defensa puede apelarlo. Pérez, productora del programa El control de la noche, había sido arrestada el año anterior tras declararse en rebeldía por no comparecer a las audiencias, y luego obtuvo libertad provisional.
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Tras conocerse la decisión, Moya valoró la condena como un mensaje de que la libertad de expresión no puede servir de, en sus palabras, “patente de corso” para destruir reputaciones sin consecuencias. La sentencia cierra uno de los litigios de mayor repercusión mediática vinculados a difamación digital en el país.
Tamara Martínez y Gabi Desangles
Apenas dos semanas antes, el 27 de mayo de 2026, la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó a la comunicadora Tamara Martínez a tres meses de prisión por difamación e injuria en perjuicio de la presentadora y actriz Gabi Desangles, también a cumplirse en Najayo Mujeres. El tribunal concluyó que las expresiones difundidas por Martínez en plataformas digitales vulneraron el honor de Desangles, en violación de la Ley 53-07.
El proceso se extendió cerca de dos años. Según relató la propia Desangles, un acuerdo entre las partes no prosperó porque la acusada no quiso retractarse. El Ministerio Público había solicitado un año de prisión. Para los abogados de la querellante, el fallo confirma que la libertad de expresión tiene límites y consecuencias cuando se afecta la dignidad de una persona.
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Ángel Martínez: dos frentes judiciales
El comunicador y abogado Ángel Martínez, conocido como “el Detective”, enfrenta varios procesos.
El más sonado es la querella de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentada el 30 de mayo de 2025 ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, junto a la influencer Ingrid Jorge Pérez (“La Torita”), hija de La Tora. Raful, representada por el abogado Miguel Valerio, acusó a ambos de difundir señalamientos falsos sobre su vida privada y se constituyó en actora civil reclamando 50 millones de pesos a cada uno, 100 millones en total, por daños morales. Las querellas se sustentan en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, el artículo 367 del Código Penal y el artículo 44 de la Constitución. Martínez ya fue enviado a juicio de fondo tras el auto de apertura del 5 de mayo de 2026, mientras el proceso contra Jorge ,quien ofreció disculpas públicas, continúa en fase de instrucción.
En un expediente distinto, Martínez fue condenado a seis meses de prisión y al pago de diez millones de pesos por difamar a la exviceministra de Cambio Climático Milagros De Camps Germán, quien alegó haber sido blanco de una campaña sistemática de descrédito con contenidos manipulados y afirmaciones falsas sobre su vida privada.
Rafael Guerrero: condenas, una absolución y causas pendientes
Rafael Antonio Guerrero Méndez, conductor del programa de YouTube Corrupción al Desnudo, es uno de los comunicadores con más procesos abiertos.
El 6 de mayo de 2026, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional lo condenó a un año de prisión y al pago de 15 millones de pesos por difamación e injuria contra el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo. Guerrero había vinculado al exfuncionario con un narcotraficante y con una propiedad, señalamientos que el tribunal consideró no probados.
Su historial judicial es más amplio. En 2024 fue condenado a tres meses de prisión suspendida y una multa de dos millones de pesos por una querella del exjefe de la Policía Nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín; sin embargo, en abril de 2025 la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional lo absolvió en ese caso al considerar que no se presentaron pruebas suficientes de su culpabilidad. Su defensa mantiene otras causas pendientes, lo que ilustra cómo un mismo comunicador puede acumular fallos en sentidos opuestos.
Otros procesos que han marcado la pauta
El fenómeno no es nuevo. En 2021, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenó al comunicador Juan Mateo Guerrero a un mes de prisión y una indemnización de un millón de pesos por difamación contra el dirigente político Guido Gómez Mazara; en apelación, en 2023, la indemnización fue elevada a cinco millones.
Más recientemente, el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, anunció acciones legales contra el abogado y comunicador Carlos Rubio, por presuntos actos de extorsión y difamación; la denuncia fue presentada en Florida, donde Rubio reside.
El debate de fondo
Detrás de los nombres y las cifras se libra una discusión que divide a la opinión pública dominicana.
Para los querellantes y para varios jueces, las sentencias envían un mensaje disuasivo: la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no ampara la destrucción impune de la reputación ajena, y quienes informan o acusan sin pruebas deben responder por ello.
Desde esta óptica, la Ley 53-07 ofrece una herramienta para proteger el honor y la intimidad frente al alcance amplificado de las plataformas digitales.
Del otro lado, organizaciones y sectores ligados a la prensa han expresado preocupación por el uso creciente de tipos penales, cárcel incluida, para sancionar la expresión, y por el riesgo de que el temor a procesos costosos y a indemnizaciones millonarias termine inhibiendo la crítica y el periodismo de denuncia, en lo que se conoce como “efecto silenciador”. En foros internacionales sobre libertad de prensa se ha cuestionado de forma reiterada la criminalización de la difamación, con el argumento de que la vía civil bastaría para reparar daños sin recurrir a penas privativas de libertad.
Ese es, en esencia, el nudo del debate: cómo equilibrar dos derechos legítimos, la libre expresión y la protección del honor, en una era donde un micrófono, una cámara o una cuenta en redes pueden alcanzar a miles de personas en segundos.
