El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa aseguró este lunes que su defensa ha logrado desmontar las acusaciones contra él formuladas por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, mientras el organismo consideró que el imputado no ha podido demostrar su inocencia.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para este martes el juicio que le sigue a Díaz Rúa y a otras cinco personas acusadas de supuestamente distribuirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país de sobornos para adjudicarse obras de infraestructuras.
“Presentamos todas las pruebas a descargo que dicen la verdad, el Ministerio Público mintió; nosotros sí presentamos pruebas que demuestran, en conclusión, que lo hicimos bien y que no hay ningún acto de corrupción como alega el Ministerio Público”, dijo el exfuncionario a los periodistas.
Díaz Rúa dijo que los testigos que ha presentado en el caso la acusación han declarado a favor de los acusados.
De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la defensa de Díaz Rúa sigue “sin fundamentos” para revertir la acusación.
“A estas alturas del juego, la defensa, y en este caso específico, la defensa de Víctor Díaz Rúa, sigue sin poder afectar la acusación del Ministerio Público”, dijo en una nota de prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Durante la sesión de este lunes, la defensa de Díaz Rúa inició con su discurso de cierre sobre la acusación del Ministerio Público por su presunta vinculación a los pagos de sobornos.
El órgano acusador pide que Díaz Rúa y el coimputado Ángel Rondón Rijo, exrepresentante empresarial de Odebrecth en el país, sean condenados a 10 años de prisión; el abogado Conrado Pittaluga a siete años de reclusión.
Además, que los también imputados y exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, sean condenados a cinco años de cárcel, al igual que el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) Roberto Rodríguez Hernández.
El Ministerio Público pide para el grupo la imposición de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
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