SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención ayer de 1,332 nacionales haitianos indocumentados y otros 1,168 repatriados a su país de origen, en operaciones caracterizadas por la coordinación con todos los organismos del Estado que convergen en las políticas de seguridad nacional.
Las jornadas, encabezadas por unidades de interdicción que actúan con el compromiso de respetar la seguridad, los derechos y la dignidad de las personas, enfatizaron en demarcaciones clave como el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron 197 extranjeros en condición irregular, 73 en Santiago, 8 en La Vega, 48 en Mao/Santiago Rodríguez, 42 en la zona Este, 35 en Azua, 40 en Barahona, 57 en Puerto Plata, 61 en Montecristi e igual cantidad en Dajabón, 56 en Elías Piña, 71 en Jimaní y 43 en Pedernales. (792)
También se adicionan 325 capturados por efectivos del Ejército, 133 por la Policía Nacional y 82 por el Cesfront, organismos que junto al Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, Ciutran y Digesett, entre otros, colaboran estrechamente con la DGM, en línea con las políticas establecidas por el Gobierno para frenar la migración desordenada y proteger la seguridad de todas las personas establecidas legalmente en el país.
En el ámbito de las deportaciones, por el punto de control migratorio fronterizo de Elías Piña se repatriaron 599 haitianos indocumentados, quienes fueron entregados directamente a las autoridades de su país. Igualmente, por Dajabón fueron devueltos 310 personas; 149 por Jimaní y 110 por Pedernales.
Los procesos de interdicción y de repatriación se llevaron a cabo independientemente de la nacionalidad de las personas, cumpliendo con las normas de seguridad, transporte, atención y supervisión sanitaria correspondientes, minimizando los riesgos y garantizando la integridad física y el trato humanitario.
Las autoridades migratorias advirtieron que continuarán realizando e incrementando los operativos en todo el territorio nacional, ya que la migración ordenada y legal es fundamental para garantizar la seguridad, el bienestar de las comunidades y el respeto a los derechos de todos los residentes en la República Dominicana.
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