En un esfuerzo conjunto y coordinado, la Dirección General de Migración (DGM) y las fuerzas de seguridad del Estado ayer llevaron a cabo operaciones de interdicción en diferentes puntos del país con el objetivo de controlar y reducir la inmigración irregular.
Durante las acciones se lograron detener a 766 nacionales haitianos indocumentados y otros 300 fueron deportados a su país de origen, labores que trascienden el control migratorio ya que la presencia de extranjeros indocumentados puede generar riesgos para la seguridad ciudadana, incluyendo la proliferación de delitos y la vulneración de derechos de los propios inmigrantes.
Los principales puntos donde mayor actividad tuvieron las unidades de la DGM fueron el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron 194 personas, 19 en Santiago, 43 en La Vega, 199 en la zona Este, 5 en Puerto Plata, 13 en Montecristi, 79 en Dajabón y 36 en Elías Piña. De igual forma se adicionan 95 capturados por el Ejército, 52 por la Policía Nacional y 31 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).
Enviando un claro mensaje de que la soberanía del país es resguardada con firmeza, en la colaboración interinstitucional también están integrados los ministerios de Defensa y Público, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otros.
Respecto a las deportaciones, 156 ciudadanos haitianos sin documentación legal fueron entregados a las autoridades migratorias de la vecina nación a través de la puerta binacional fronteriza de Elías Piña, 64 por Dajabón y 53 por Jimaní. Estas operaciones se realizaron luego de los interdictos haber sido depurados en los centros de procesamiento que la DGM maneja en distintos puntos del país, donde de igual manera se identifican tomándoles los datos biométricos y huellas dactilares, entre otras medidas.
Las medidas para lograr un control migratorio efectivo que despliegan las autoridades refuerzan la autoridad del Estado, ayudan a mantener la integración social y cultural y promueven la convivencia armónica entre todos los ciudadanos y residentes legales, garantizando que las decisiones se tomen en beneficio del bienestar colectivo y la estabilidad del país.
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