SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la investigación del caso Senasa 2.0 alcance a quienes las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades.
«Esto es ravisa; el pueblo quiere los pejes gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron. La ciudadanía merece una investigación completa, capaz de establecer responsabilidades en todos los niveles, sin que el poder económico, el cargo o las relaciones personales se conviertan en protección», expresó.
DEBIDO PROCESO
Ulloa recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con garantías como presunción de inocencia, derecho de defensa e intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial.
«La Constitución obliga al Estado precisamente cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar. Cada persona debe responder por hechos que puedan atribuírsele mediante pruebas obtenidas legalmente, con oportunidad de defenderse y controvertirlas», manifestó.
MEDIDAS DE COERCION PROPORCIONALES
Sobre las medidas de coerción, sostuvo que deben ser necesarias, proporcionales y sustentadas en las circunstancias de cada imputado. Aclaró que la ausencia de un hecho de sangre no excluye por sí sola la prisión preventiva, ni la gravedad de las imputaciones justifica imponerla de forma automática.
«El peligro de fuga debe sustentarse en elementos concretos. Corresponde al tribunal valorar los riesgos procesales acreditados y explicar por qué la medida escogida resulta indispensable. Si el impedimento de salida, la presentación periódica u otras medidas permiten asegurar los fines del proceso, deben ponderarse. La prisión preventiva es excepcional y no puede utilizarse como castigo anticipado», señaló.
INVESTIGACION FINANCIERA
Exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación financiera, procurar la recuperación de los recursos sustraídos y esclarecer los mecanismos que permitieron las irregularidades, garantizando la continuidad de la atención a los afiliados.
«Detrás de los recursos de la salud hay una persona esperando una consulta, un medicamento o un tratamiento. El país merece conocer la verdad, recuperar su dinero y obtener justicia frente a toda responsabilidad comprobada», concluyó.
