Una docena de congresistas demócratas de Estados Unidos, entre ellos varios líderes del Caucus Hispano, demandaron este miércoles ante un tribunal federal a la Administración de Donald Trump por negarles el derecho a acceder a centros de detención para migrantes para evitar que supervisen las condiciones bajo las que viven los reclusos.
«La obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia», dijo en un comunicado el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat.
«Desde el primer día hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la Administración de Trump para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizar a las agencias federales como arma para implementar una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos», agregó.
Además denunció que el Gobierno ha creado «el clima perfecto para el abuso y la impunidad» al limitar sistemáticamente las facultades de supervisión.
Congresistas tienen el derecho
De acuerdo con la ley estadounidense, los congresistas tienen el derecho de visitar sin un anuncio previo los centros de detención de migrantes. Sin embargo, los demandantes aseguraron que el Ejecutivo está poniendo trabas al acceso de los congresistas a esos centros.
«Tal flagrante desprecio por la ley y el orden constitucional por parte de la Administración de Trump amerita una respuesta seria y decisiva», señaló el legislador Joe Neguse, otro firmante de la demanda.
Organizaciones civiles, activistas y políticos estadounidenses han denunciado las condiciones inhumanas que viven los migrantes reclusos en muchos de estos centros, a menudos en condiciones de hacinamiento.
Una de las instalaciones que levanto más críticas el ‘Alligator Alcatraz’ inaugurada el pasado 1 de julio en el estado de Florida, con capacidad para 3.000 migrantes.
Políticos demócratas que la visitaron describieron como «jaulas» el lugar en el que duermen los migrantes, y advirtieron del mal estado de los baños, así como de la ausencia de un método que controle la temperatura, en un momento de mucho calor y humedad en Florida.
Su demanda, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, se produce al mismo tiempo que la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) de Estados Unidos tiene abierto un proceso para distribuir 608 millones de dólares en ayudas a los gobiernos estatales y locales para construir nuevos centros de detención para migrantes o expandir la capacidad de los ya erigidos.
