Algo sin precedentes y de enorme trascendencia acaba de ocurrir. Por iniciativa propia de Estados Unidos y Canadá se reunieron representantes de alto nivel de más de veinte países para recibir los compromisos para integrar la Fuerza de Represión de Bandas de Haití, creada recientemente por la ONU.
En esta conferencia el pasado 9 de diciembre en Nueva York, en la que obviamente estuvo en primera fila República Dominicana, se dieron cita representantes de África, Asia, América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa, y al menos 18 de ellos presentaron compromisos concretos de personal, equipamiento y recursos financieros que estarían dispuestos a asumir.
El objetivo es alcanzar 5,500 efectivos para neutralizar, disuadir y suprimir las bandas criminales que azotan el territorio haitiano. República Dominicana, que no aportará efectivos militares, reiteró su compromiso de continuar brindando apoyo sanitario y facilidades para evacuaciones médicas.
Los dos países convocantes dieron informes sobre trabajos del gobierno de transición de Haití y los pasos para celebrar elecciones el próximo año, y la determinación de continuar esfuerzos que garanticen que los países aporten personal, equipamiento y mecanismos para asegurar la efectividad de la Resolución 2793 del pasado 30 de septiembre del Consejo de Seguridad de la ONU.
Además de ser un avance en la dirección correcta, es una de las primeras ocasiones en que por sí sola encuentra eco la prédica dominicana para que la comunidad internacional se involucre en la solución de la crisis haitiana.
Lo hemos dicho hasta la saciedad: inestabilidad política, social y su tragedia medioambiental, convierten a Haití en una amenaza para la región, lo que torna imperativo que la comunidad internacional la asuma como cuestión de alta prioridad y permanente seguimiento.
Esta conferencia de Nueva York no es un hecho aislado, sino el resultado de una política exterior que, pese a las urgencias y presiones internas a que nos somete la creciente crisis del país vecino, fue manejada con los ritmos y pausas que imponen las relaciones diplomáticas con otros Estados.
