Está listo para ser entregado al presidente Luis Abinader; la legislación busca enfrentar vacíos legales como la reincidencia de extranjeros irregulares
La comisión oficial designada por el Poder Ejecutivo concluyó la redacción del anteproyecto de ley que busca reformar de manera integral la Ley General de Migración (No. 285-04), una iniciativa que jurídica y operativamente pretende responder a la compleja crisis migratoria que vive el país frente a la situación de Haití.
El documento técnico, coordinado por el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, se encuentra en la fase final de revisión editorial y a la espera de ser entregado formalmente al presidente Luis Abinader, quien determinará el curso de la pieza antes de su remisión al Congreso Nacional.
La información coincide con las recientes declaraciones del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), quien admitió las limitaciones del marco jurídico vigente, el cual impide sancionar penalmente a los extranjeros que reinciden en ingresar de forma ilegal al territorio dominicano tras ser deportados.
Al ser consultado sobre el contenido específico de las modificaciones, el doctor Milton Ray Guevara explicó que los comisionados se acogen a un estricto código de ética que les impide revelar detalles del texto antes de que este sea conocido por el jefe del Estado.
“Terminó el trabajo encomendado. Estamos terminando los últimos pasos para entregar ese documento al jefe del Estado”, afirmó Ray Guevara, tras precisar que el texto condensa un análisis profundo basado en el derecho comparado, los reglamentos locales y la jurisprudencia nacional e internacional.
La comisión fue creada mediante decreto 268-25 del 21 de mayo del año pasado con el objetivo de adecuar las normativas migratorias a los desafíos de seguridad nacional. El jurista calificó el proceso de “obra encomiable” desarrollada en total armonía durante múltiples sesiones de trabajo a lo largo de un año. Respecto al trámite constitucional subsiguiente, recordó de manera tajante: “Nuestra misión es entregarle al señor presidente. De ahí en adelante, eso es del mandante”.
Los comisionados para la normativa
Además de Ray Guevara en la coordinación, este equipo multidisciplinario de juristas y especialistas está integrado por los comisionados Jimena Conde Jiminián, Justo Pedro Castellanos Khoury, Juan Manuel Rosario, Belén Catalina del Toro, Lenis García Guzmán, Javier A. Suárez, Félix Tena de Sosa y Jatzel Román González. Este cuerpo técnico asumió la responsabilidad de examinar las variables legales y de seguridad nacional para estructurar la propuesta de reforma que ahora aguarda por la rúbrica presidencial.
Vicealmirante Lee Ballester:
El limbo de la reincidencia
La urgencia de una reforma estructural también ha sido refrendada desde el brazo operativo del Estado. El director de Migración, vicealmirante Lee Ballester, confirmó que los organismos de control fronterizo mantienen un plan operativo agresivo para cortar las vías de acceso, pero chocan con el vacío de la reincidencia.
“Hasta ahora, la reincidencia no está siendo sancionada dentro del marco jurídico que está vigente en el país”, reconoció el titular de Migración. Lee Ballester indicó que la institución participa activamente en los conversatorios técnicos exponiendo las problemáticas cotidianas de las interdicciones, a fin de que el nuevo ordenamiento legal provea herramientas punitivas eficaces contra quienes burlan los controles fronterizos de manera sistemática.
Se espera que en los próximos días el Poder Ejecutivo reciba formalmente a los comisionados en el Palacio Nacional, fijando así la pauta de lo que será uno de los debates legislativos de mayor sensibilidad política y social del año.
El origen del Decreto 268-25
La creación de la Comisión Consultiva respondió a una estrategia de Estado orientada a blindar la soberanía jurídica del país en un momento de máxima volatilidad en el vecino Haití. El mandato oficial a este cuerpo de juristas no se limitó a una simple revisión de procedimiento, sino a una reingeniería estructural que permitiera alinear el control migratorio con los nuevos preceptos de la Constitución de 2010 y las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. Durante más de dos décadas, la Ley General de Migración General No. 285-04 funcionó como el marco regulatorio principal, pero el progresivo colapso institucional haitiano terminó por desbordar sus mecanismos de control ordinarios.
El vacío de la reincidencia
Bajo el esquema de la Ley 285-04, ingresar al territorio nacional de forma indocumentada se tipifica como una falta administrativa y no como un delito penal.
Esta distinción jurídica genera un círculo vicioso en la frontera, donde un mismo ciudadano extranjero puede ser detenido, procesado administrativamente, devuelto a su país de origen y, pocas semanas después, volver a ingresar de manera irregular de forma sistemática, sin enfrentar consecuencias judiciales agravadas por su reincidencia.
La redacción del nuevo anteproyecto, bajo la tutela del doctor Milton Ray Guevara, debió sortear un complejo balance entre la seguridad nacional y los compromisos internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
Presión presupuestaria
El impacto económico y logístico de este vacío normativo ha recaído directamente sobre las arcas del Estado dominicano.
Conforme a los datos operativos de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Defensa, sostener el despliegue del Ejército, el Cesfront y las unidades de interdicción en las provincias fronterizas demanda un flujo millonario y constante de recursos públicos.
El costo asociado al transporte terrestre, el mantenimiento de los centros de acogida temporal, la dotación de raciones alimenticias y la logística de deportación se duplica debido a la masa de extranjeros reincidentes, lo que ha generado una fuerte presión desde los sectores de defensa para endurecer las sanciones en el nuevo texto legal.
El escenario político que aguarda en el Congreso Nacional
Una vez el presidente Abinader reciba el documento final de manos de los comisionados, la pieza iniciará un camino legislativo que se anticipa intenso y de alta sensibilidad política en el Congreso Nacional.
Al tratarse de una reforma que toca aspectos relativos a la soberanía, la seguridad fronteriza y el mercado laboral, altamente dependiente de la mano de obra extranjera en sectores como la construcción y la agricultura, el proyecto se convertirá en el epicentro de un profundo debate nacional.
Legisladores de distintas bancadas ya han adelantado la necesidad de que la nueva ley establezca un régimen de consecuencias no solo para los migrantes, sino también para las redes de trata y los empleadores que fomenten la contratación al margen de la ley.
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