BOGOTA.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este martes una demanda para anular las elecciones presidenciales en las que se impuso el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella sobre el oficialista Iván Cepeda, alegando una supuesta «manipulación algorítmica» del voto.
La acción, dirigida contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la fórmula De la Espriella-Restrepo, sostiene que la autoridad electoral degradó sin motivación técnica suficiente los controles de identificación, autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 publicados en 2026 respecto al modelo de 2022.
TESIS DE INVERIFICABILIDAD
A juicio del mandatario, esa degradación impide reconstruir con el rigor que exige la jurisprudencia la correspondencia entre archivo, mesa, acta física, secuencia de publicación e integridad del documento y resultado.
La demanda invoca «inverificabilidad estructural» por infracción de normas de transparencia, archivo electrónico, calidad y seguridad documental y transparencia algorítmica, además de vulneración del principio de publicidad y falsa motivación y causales de nulidad por violencia, fraude o errores en el escrutinio.
PETICIONES AL TRIBUNAL
Petro solicita declarar la nulidad de la resolución que declaró la elección y de las credenciales presidenciales, ordenar nuevo escrutinio, auditoría judicial y verificación técnica de las mesas, zonas y puestos afectados, y requerir a Registraduría y CNE la exhibición de logs, hash internos, trazas de publicación, actas y versiones de archivos.
También pide inspección judicial a los sistemas de generación, escaneo, procesamiento y publicación de los formularios E-14, E-24, E-26 y actas generales y, de forma subsidiaria, medidas de depuración, recuento o corrección sobre las mesas afectadas.
TRANSICIÓN EN ENTREDICHO
La impugnación se presenta pese a que a finales de junio el mandatario aseguró que su Gobierno estaba listo para una transición «ordenada y transparente» y para no ser un obstáculo para el nuevo jefe de Estado, cuya toma de posesión está prevista para el 7 de agosto.
