La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana, CNDH-RD, estimó que unos 4,500 dominicanos murieron entre 2018 y 2025 en hechos reportados como “intercambios de disparos” con agentes del orden. La cifra la ofreció por el presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, quien sostiene que estos casos responden a un patrón de presuntas ejecuciones extrajudiciales que se ha mantenido durante los últimos años.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Mercedes afirmó que en 2025 se registraron 189 muertes en esas circunstancias y advirtió que una parte importante de las víctimas tenía entre 18 y 35 años.
La CNDH-RD considera que la recurrencia de los hechos amerita investigaciones independientes, sanciones efectivas y una revisión profunda de los mecanismos de uso de la fuerza.
Cuestiona reforma policial
Mercedes, quien participó en la elaboración de un documento base para la reforma policial, identificó tres debilidades principales en el proceso: la falta de depuración interna, la insuficiente formación de los agentes para actuar dentro de un Estado social y democrático de derecho y la persistencia de impunidad ante denuncias de violencia policial.
El activista sostuvo que las mejoras en condiciones laborales para algunos miembros de la Policía Nacional y determinadas actuaciones de directores regionales no han resuelto los problemas estructurales de la institución. A su juicio, siguen operando “islas de poder” dentro de áreas como la Dirección Central de Investigación, Dicrim, que requieren mayor supervisión y controles institucionales.
La CNDH-RD también denunció casos de personas que habrían muerto luego de su arresto, así como presuntas torturas durante interrogatorios. Entre las prácticas señaladas figuran la asfixia con fundas para obtener declaraciones y supuestas irregularidades en fugas de privados de libertad, denuncias que requieren investigación de las autoridades competentes.
Justicia, prisión preventiva y vigilancia ciudadana
Mercedes planteó que las muertes atribuidas a agentes estatales deben analizarse bajo estándares de derechos humanos, debido a la obligación especial del Estado de proteger la vida y garantizar el debido proceso. La organización insiste en que cada caso debe ser investigado de manera individual, con acceso a pruebas, peritajes y control judicial.
El presidente de la CNDH-RD también cuestionó la situación de personas privadas de libertad que, según afirmó, permanecen durante meses sin ser presentadas ante el juez natural dentro del plazo constitucional de 48 horas. Añadió que la emisión mensual de cientos de órdenes de prisión incrementa la presión sobre el sistema penitenciario y agrava las dificultades para garantizar derechos básicos.
Como ejemplo reciente, Mercedes citó el caso de Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años muerto durante una intervención policial en Herrera. El hecho generó reacciones de familiares, comunitarios y organizaciones de derechos humanos, que reclaman el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió.
CDN.
