Año tras año, desde 2013 y 2014, fechas de emisión de la Sentencia 168-13 y de la Ley 169/14 (de Naturalización Especial), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un comunicado que acusa a la República Dominicana de privación arbitraria de la nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejar supuestamente apátrida a gente que no era considerada nacional de ningún otro Estado.
Cada año, como si partiera un bizcocho de cumpleaños, la CIDH elabora un informe repleto de inexactitudes y prejuicios, como acusaciones de “racismo estructural”.
A estas imputaciones injustas les ha salido al paso y dado respuestas certeras la Cancillería dominicana, al precisar que la CIDH “no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país”.
A no ser por la repercusión internacional de esta denuncia y de grupos locales que la amplifican y celebran, podría ignorarse, porque no contiene nada novedoso ni elementos que no hayan sido rebatidos.
Por ello hay que insistir en que estamos ante un abuso y desconsideración, y reivindicar lo que hizo el Gobierno dominicano para corregir cualquier situación que pueda parecerse a la apatridia; también reiterar que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos para atender cualquier caso que se pudiera presentar y documentar.
Cantaletear en cada aniversario que un número considerable de personas es dejado supuestamente como apátridas, es ignorar expresamente que la Ley 169/14 vino a resolver el impasse generado en materia migratoria por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, con la cual se atendieron los problemas de nacionalidad que enfrentaban determinados grupos de personas.
Esta realidad es descrita con números por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “Se restituyó el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia del Constitucional y se ordenó expedir sus documentos como dominicanos, pero solo 26,123 acudieron a retirarlos, y los restantes 34,110 no los han recogido”.
Llama atención que siempre se habla, y la CIDH repite ahora cuando se cumplen 10 años de aquella sentencia, que se “privó de la nacionalidad dominicana a miles de personas”, pero el Gobierno no tiene constancia ni conocimiento de gente que haya podido probar tal situación.
Además, y la CIDH debería saberlo de memoria, cada país tiene derecho a reglamentar el otorgamiento de su nacionalidad según sus propias realidades, lo que se comprueba en que no existe un modelo uniforme de adquisición de la nacionalidad alrededor del mundo.
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