La jueza Fátima Veloz dictó este jueves prisión preventiva contra el ex titular del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras y al empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez, imputados en el caso Camaleón.
Esta misma medida fue impuesta para Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
Mientras que a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica e impedimento de salida del país.
Asimismo, la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso impedimento de salida del país y una garantía económica para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant.
Por otro lado, la jueza dispuso una garantía económica para Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, que era el titular de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
Estos siete imputados, arrestados el pasado 6 de octubre durante la operación Camaleón, son acusados de ser parte de una alegada corrupción en el manejo del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Los imputados en este proceso judicial están acusados de cometer delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica”, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
El escándalo del fraude entre Transcore-Intrant salió a la luz luego de que la Procuraduría General de la República abrió una investigación, llamada Operación Camaleón, que arrojó que el director del Intrant, Hugo Beras, y el propietario de Transcore, Jochi Gómez, junto a cinco personas más, crearon supuestamente una asociación de malhechores para estafar al Estado, mediante un contrato irregular que asciende a 1,200 millones de pesos
