En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana y a otras instituciones estatales, Amnistía Internacional solicitó poner fin a las supuestas violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de políticas migratorias «de facto racistas».
“El propio Gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El documento establece que la «drástica decisión del Gobierno» de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria.
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Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas; abstenerse de detener y deportar mujeres embarazadas, niños y niñas y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”, dijo Ana Piquer.
“En este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”, agrega.
