Santo Domingo, RD.- El abogado y comunicador, John Bello, advirtió hoy que la nueva ley electoral No. 20-23 impone una condena de 10 años de prisión a quienes cometan fraude electoral.
Bello al analizar el actual marco electoral de cara a los próximos comicios de febrero y mayo enfatizó la importancia de respetar esta normativa para preservar la confianza en el sistema electoral y proteger los derechos fundamentales de los votantes.
El abogado puso de relieve las disposiciones de la nueva normativa electoral que está vigente desde el 2023.
«La sociedad espera que las autoridades actúen con diligencia para garantizar un ambiente electoral libre de manipulaciones y condenas contundentes para quienes infrinjan estas disposiciones legales», expresó Bello.
Asimismo, el jurista explicó que es necesario aplicar penas más severas a los que sean hallados culpables de cometer fraude electoral, asegurando que este ha emergido como un desafío persistente en la arena política dominicana, amenazando la democracia y arrojando sombras sobre la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones.
“Es urgente que se endurezca la condena a 30 años de prisión, como una medida más rigurosa para proteger la integridad de los comicios”, externó el abogado al momento de puntualizar que la exhortación se produce en el contexto de la Ley núm. 20-23, que regula el régimen electoral y establece que quienes resulten culpables de este fraude enfrentarán penas de prisión que oscilan entre un mes y hasta diez años, además del pago de multas que podrían alcanzar hasta doscientos salarios mínimos.
Opinó que el debate sobre las penas por fraude electoral ha ganado relevancia, donde la tecnología desempeña un papel cada vez más central. En ese sentido, agregó, la Ley No. 53-07 impone penas de prisión que varían entre tres meses a diez años, acompañadas de multas que pueden llegar hasta quinientas veces el salario mínimo, para aquellos que cometan uno o varios crímenes y delitos de alta tecnología.
“Sin embargo, la eficacia de estas medidas enfrenta una necesaria evaluación en medio de la complejidad y la sofisticación de los métodos utilizados por aquellos que buscan manipular los resultados. Las penas deberían ser proporcionales a la gravedad de los delitos electorales, siendo crucial que nuestras leyes reflejen la seriedad con la que tomamos la protección de nuestra democracia, con unos procesos seguros y libres de manipulación digital”, expuso el jurista.
Señaló que, en este contexto, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre sanciones severas para disuadir a aquellos que puedan contemplar manipular el proceso electoral y medidas preventivas que aseguren la transparencia. La sociedad dominicana observa de cerca cómo evolucionan estas medidas y cómo impactarán en la protección de la democracia del país.
Aseguró que esta propuesta de 30 años de prisión para el delito electoral busca garantizar que el marco legal se adapte a los desafíos y riesgos contemporáneos, estableciendo así un precedente significativo en la lucha contra el fraude electoral en el país.
