Si bien cada gobernante del país en más de 50 años podría reivindicar que enfrentó la corrupción, las tajantes afirmaciones de Luis Abinader sobre el caso Senasa obligan a una particular lectura.
Todos, desde Balaguer con su antológica frase de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, hasta otros que consideran haber sentado las bases con reformas administrativas y financieras del Estado y los que se adjudican la aprobación de legislaciones que fortalecen la transparencia, tuvieron que lidiar con ese problema.
Lo especial en Abinader es el precedente al distanciarse con claridad de gente de su entorno y de su partido, y lo hace con la inusual promesa de constituir a Senasa en actor civil para recuperar el patrimonio presuntamente robado.
Además de deslindar campos, está la palabra empeñada con el mensaje a los suyos, más allá de su anterior “amigos, no cómplices”, de que ante cualquier otro acto de corrupción también se impondrá el peso de la ley a quien ose defraudar al Estado.
Que en su gobierno no habrá espacio para la corrupción ni para la impunidad podrá interpretarse de manera interesada como un simple decir, pero en el actual contexto significa una advertencia a los suyos de que quien meta la mano no saldrá impune.
No encontramos tal determinación y sinceridad en ningún episodio anterior de la lucha estatal contra el dolo, pero le tomamos la palabra al mandatario sin mucha ilusión porque no se puede olvidar que la corrupción en el país tiene un complejo entramado.
Y que en el estamento judicial los eternos procesos y los pactos y “periquitos” legales generan frustración y descreimiento.
Con lo que se conoce hasta ahora de Senasa, a lo único que podemos aspirar es al apego a la institucionalidad, que se parta de la presunción de inocencia y que el Ministerio Público elabore un expediente, como dicta la norma, amparado en bases legales y pruebas concretas.
Y que se evite en todo momento dar cabida al ruido del tribunal callejero, cuyo anticipado veredicto de condena ya asoma la cabeza.
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