El presidente de la República, Luis Abinader, recomendó durante un Consejo de Gobierno a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, impartir una serie de conferencias en instituciones públicas sobre las nuevas disposiciones contempladas en el recientemente promulgado Código Penal, con el objetivo de capacitar a los servidores públicos en torno a su aplicación y repercusiones institucionales.
Como parte de esta iniciativa, la Dirección General de Aduanas (DGA) se convirtió en la primera entidad del Estado en recibir a la procuradora Reynoso para ofrecer una conferencia magistral sobre el nuevo marco penal, contenido en la Ley 74-25.
Durante su intervención, la magistrada Reynoso destacó la trascendencia histórica del nuevo Código Penal, que sustituye una legislación con más de 141 años de antigüedad, promulgada en 1884, y representa un paso decisivo hacia la modernización de la justicia penal en el país.
Reynoso subrayó novedades clave, como la incorporación por primera vez de la responsabilidad penal para personas jurídicas, lo que permite procesar a empresas por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros. Además, resaltó el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción, el cohecho y el cibercrimen, con penas que pueden llegar hasta 20 años de prisión y plazos de prescripción extendidos hasta 30 años.
Por su parte, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, reiteró ante los colaboradores presentes, tanto en modalidad presencial como virtual, el compromiso de la institución con el cumplimiento de la ley, la defensa de la institucionalidad y la lucha firme contra los ilícitos aduaneros.
“El nuevo Código Penal no solo endurece las penas, sino que establece mecanismos más eficaces de coordinación entre instituciones como la DGA, el Ministerio Público y las procuradurías especializadas en delitos financieros y aduaneros”, enfatizó Sanz Lovatón.
El funcionario explicó que esta jornada marca el inicio de una agenda de capacitaciones que se extenderá a otras entidades gubernamentales, en aras de garantizar una aplicación efectiva y transparente del nuevo marco legal.
