SANTO DOMINGO.- Un grupo de derechos humanos de los Estados Unidos pidió al gobierno de este país que restablezca la prohibición de importar azúcar de República Dominicana, la cual -a su juicio- mantiene el trabajo forzoso en las plantaciones de caña.
La organización Corporate Accountability Lab, con sede en Chicago, dijo que investigó por más de tres años las condiciones laborales en Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empleadora y terrateniente del país, cuyos dueños tendrían vínculos con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Central Romana ya fue investigada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., que la acusó de aislar trabajadores, retener salarios y fomentar condiciones abusivas. En 2022, Washington vetó su azúcar, pero la medida fue revocada el año pasado bajo la administración Trump.
Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, dueña de Florida Crystals. La familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y el gobierno dominicano, según el informe.
PETICIÓN A WASHINGTON
El grupo advirtió que «mientras la industria azucarera disfrute de los beneficios de dicho acceso al mercado, ignorando los abusos laborales en sus cadenas de suministro, la política estadounidense seguirá siendo cómplice del mismo tipo de abusos que dice combatir».
Se estima que hasta 8,000 trabajadores laboran en más de 173,700 acres de la empresa. Muchos son migrantes haitianos o descendientes sin ciudadanía dominicana, que viven en viviendas precarias sin agua ni luz.
TESTIMONIOS
«¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos», dijo un trabajador sin documentos. Otro denunció: «Siempre nos pagan menos de lo que nos corresponde, pero no podemos luchar».
Corporate Accountability Lab pidió inscribir a los empleados en la seguridad social, pagar salario mínimo, permitir sindicatos y proteger su salud. También llamó al gobierno dominicano a regularizar a los braceros y pagar pensiones.
RESPUESTA DE LA EMPRESA
Central Romana respondió que el informe está «plagado de imprecisiones y falsedades» y negó violar leyes laborales.
